Organizaciones reportan tres muertes de privados de libertad durante régimen de excepción en El Salvador

Organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador han registrado la muerte de tres personas privadas de libertad que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción vigente en el país. El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han brindado reportes detallados sobre estos casos, que evidencian las condiciones y circunstancias de fallecimiento de los reclusos durante su detención.

El MOVIR informó que la noche del jueves 2 de abril falleció Fernando Antonio Cruz Soriano, quien permanecía en prisión tras ser detenido bajo el régimen de excepción. Según el movimiento, Cruz Soriano murió mientras recibía atención médica en el Hospital Nacional Zacamil, ubicado en el municipio de Mejicanos, en el departamento de San Salvador. La familia del fallecido manifestó desconocer las enfermedades o padecimientos que el interno enfrentó durante su tiempo en prisión, y el MOVIR indicó que tampoco tienen información precisa sobre el centro penitenciario donde estuvo recluido.

Por su parte, el Socorro Jurídico Humanitario reportó dos casos adicionales de privación de la vida de personas bajo custodia estatal en el contexto del régimen de excepción. Uno de los fallecidos estaba internado en el Centro Penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate, mientras que el otro se encontraba recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, en San Salvador.

Contexto de muertes bajo custodia estatal

De acuerdo con datos proporcionados por el SJH, un total de 512 personas han perdido la vida estando bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción. Este número ha sido documentado y analizado en un informe reciente elaborado por la organización, que identifica las principales causas de muerte entre los privados de libertad.

El informe señala que el 32 % de los fallecimientos se atribuye a la falta de atención médica adecuada por enfermedades, mientras que el 30 % corresponde a muertes violentas. Estos datos reflejan un panorama preocupante respecto a las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas en los diferentes centros penales del país.

Centros penitenciarios y condiciones de fallecimiento

El análisis realizado por el SJH detalla que 211 de los fallecidos estuvieron recluidos en el Centro Penal de Izalco, uno de los establecimientos penitenciarios más grandes del país. Asimismo, se indica que la mayoría de las defunciones ocurrieron en la red nacional hospitalaria, es decir, mientras las personas privadas de libertad recibían algún tipo de tratamiento médico fuera del centro penal.

Enriqueciendo este contexto, la directora del Socorro Jurídico Humanitario explicó que la causa principal de las muertes, según las esquelas emitidas por Medicina Legal, es el edema pulmonar. Sin embargo, la organización ha reunido pruebas documentales y testimonios que evidencian la existencia de violencia física, incluyendo golpes en el cráneo, que podrían estar vinculados a algunas de estas defunciones.

Estas evidencias serán presentadas ante instancias internacionales con el objetivo de solicitar una investigación exhaustiva y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en El Salvador.

Implicaciones y retos para el sistema penitenciario

El régimen de excepción, implementado en El Salvador como parte de las medidas para combatir la criminalidad, ha implicado un aumento significativo en las capturas y la población penitenciaria. No obstante, esta situación ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de detención y la protección de los derechos fundamentales de los reclusos.

La muerte de personas bajo custodia estatal, con causas vinculadas a la falta de atención médica adecuada y la violencia, plantea un desafío para las autoridades encargadas del sistema penitenciario y el sistema de salud pública. Garantizar un trato digno y condiciones humanas en los centros penales es una obligación del Estado salvadoreño, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

En este contexto, los reportes realizados por el MOVIR y el SJH son una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, mejorar la atención sanitaria en los centros penales y promover políticas integrales que permitan reducir la mortalidad y la violencia dentro del sistema penitenciario.

Conclusiones

Las recientes muertes de tres personas privadas de libertad capturadas bajo el régimen de excepción, sumadas al total de 512 fallecimientos documentados, reflejan una problemática compleja en el sistema penitenciario salvadoreño. Las causas principales de estas defunciones están relacionadas con deficiencias en la atención médica y actos de violencia, según las organizaciones que realizan el seguimiento de estos casos.

La situación demanda una respuesta coordinada entre las autoridades penitenciarias, sanitarias y de derechos humanos para garantizar la protección y el respeto a la vida de quienes se encuentran privados de libertad, en cumplimiento con las garantías constitucionales y los compromisos internacionales adoptados por El Salvador.