Organizaciones sociales alertan sobre posible privatización de servicios básicos con nueva Ley de Alianzas Público Privadas

La propuesta de Ley de Alianzas Público Privadas presentada recientemente por el Gobierno de El Salvador ha generado un rechazo unánime por parte de diversas organizaciones sociales, sindicales y ambientales, que advierten sobre el riesgo de que esta iniciativa facilite la privatización de servicios públicos esenciales en el país.

La Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA),junto a sectores laborales y sociales, emitieron un comunicado oficial durante una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por el posible impacto que tendría la aprobación de esta nueva normativa. El documento, leído por el doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS),señaló que la ley "abre el camino a la privatización de servicios públicos esenciales", incluyendo la salud, la educación y el acceso al agua potable.

Contexto y alcance de la propuesta de ley

El Gobierno salvadoreño presentó la iniciativa la semana pasada y la remitió a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para su análisis preliminar. En caso de ser aprobada, esta ley sustituiría a la actual Ley Especial de Asocios Público Privados, vigente desde hace más de una década.

Las alianzas público-privadas (APP) permiten establecer contratos a largo plazo entre el Estado y empresas privadas para diseñar, financiar, construir, operar o mantener infraestructuras y servicios públicos. Tanto la legislación vigente como la propuesta contemplan que el financiamiento de estos servicios puede provenir del cobro directo a los usuarios, aportes estatales firmes o contingentes, o una combinación de ambos mecanismos.

Una diferencia sustancial radica en que la ley actual prohíbe la cesión bajo esta modalidad de servicios públicos fundamentales como la salud —incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)— y la educación pública, así como los servicios de la Universidad de El Salvador (UES). En materia hídrica, la regulación vigente limita las APP al tratamiento de aguas residuales en zonas específicas como el Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana.

Preocupaciones por el acceso al agua potable

En el ámbito ambiental, la ambientalista Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, manifestó que la iniciativa podría afectar gravemente el acceso equitativo al recurso hídrico. Según López, la propuesta podría favorecer a quienes tengan mayor capacidad de pago, dejando a las comunidades en situación de vulnerabilidad sin acceso adecuado al agua.

Por su parte, Carlos Flores, del Foro del Agua, recordó que durante trece años se han discutido propuestas similares y que, aunque la ley vigente limita las APP a ciertos aspectos del tratamiento de aguas residuales, desconocen los objetivos reales de la nueva norma. Flores enfatizó que la iniciativa parece orientarse a garantizar beneficios para el sector privado en detrimento de los derechos de la población, especialmente el derecho al agua.

En cuanto a la regulación ambiental, López destacó la falta de mecanismos claros para supervisar el uso y la gestión de los recursos naturales, señalando la ausencia de parámetros definidos para la contraloría ambiental.

Reacciones del sector salud y educación

El sector salud ha expresado un rechazo contundente ante la posibilidad de que la nueva ley facilite la privatización. Silvia Navarrete, secretaria del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD),señaló que la propuesta confirma las preocupaciones existentes sobre la intención de privatizar hospitales nacionales. Navarrete enfatizó que el Hospital Nacional Rosales, principal centro hospitalario del país, enfrenta actualmente serias dificultades en la disponibilidad de especialistas y medicamentos, lo que evidencia un deterioro en la atención integral.

En el ámbito educativo, el rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, informó que la institución ha conformado una comisión para analizar la propuesta y emitir una opinión oficial. Por otro lado, sindicatos docentes han manifestado una postura crítica ante la iniciativa, señalando que la privatización de servicios esenciales podría afectar principalmente a las familias de menores ingresos.

El colectivo Bases Magisteriales señaló que desde la aparición de la Ley de Asocios Públicos Privados han estado en oposición, debido a que la lógica empresarial prioriza la rentabilidad económica sobre la mejora real de los servicios para la población, lo que podría traducirse en un aumento de costos para los usuarios.

En contraste, el Sindicato de Docentes por una Educación Para Todos (SINDOPETS) reconoció que las alianzas público-privadas no son un fenómeno nuevo en El Salvador, ya que históricamente se han establecido convenios entre instituciones públicas y privadas, por ejemplo en la formación docente. Sin embargo, subrayaron que la posible efectividad de la nueva ley dependerá de su forma de aplicación.

Por su parte, el Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) advirtió que aunque la ley podría generar beneficios, también podría traer consecuencias negativas, como el encarecimiento de servicios esenciales. SIMEDUCO consideró que la implementación de APP en educación, salud y recursos hídricos no resultaría viable debido al posible impacto adverso para la población.

Finalmente, el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) enfatizó que cualquier alianza público-privada debe garantizar los derechos y beneficios para la clase trabajadora, asegurando que no se vean afectados los servicios y condiciones laborales.

Conclusiones y perspectivas

La discusión sobre la Ley de Alianzas Público Privadas en El Salvador evidencia una profunda tensión entre la búsqueda de inversiones y eficiencia en la prestación de servicios y la defensa de estos como derechos públicos fundamentales. Mientras el Gobierno plantea la renovación del marco legal para facilitar proyectos y financiamiento público-privado, sectores sociales y sindicales alertan sobre el riesgo de que esta normativa propicie la privatización y afecte el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación y agua potable.

El debate continúa abierto en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, donde se analizarán las implicaciones técnicas, sociales y financieras de la propuesta. La atención está puesta en cómo esta legislación podría modificar el modelo de gestión de servicios públicos en El Salvador y cuáles serían sus efectos en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.