Párroco de San Marcos bajo medidas cautelares por presunta denuncia de abuso sexual a menores

Párroco de San Marcos bajo medidas cautelares por presunta denuncia de abuso sexual a menores

El presbítero Édgar Lisandro Winter Coronado, asignado en San Marcos, San Salvador, enfrenta medidas cautelares por presunto abuso sexual a menores, según informó el Arzobispado de San Salvador.

12 mayo 2026
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El presbítero Édgar Lisandro Winter Coronado, asignado a la parroquia Santa María de la Encarnación en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur, está siendo investigado por presunto abuso sexual de menores. La información fue confirmada oficialmente a través de un comunicado emitido por el Arzobispado de San Salvador.

En el comunicado fechado el 11 de mayo de 2026, la Curia Episcopal informó que tras recibir una denuncia formal por un posible delito de abuso sexual contra menores, se procedió a imponer medidas cautelares al sacerdote y a iniciar el debido proceso jurídico conforme al Derecho Canónico. El documento fue firmado por el presbítero Simeón Reyes, vicario episcopal de comunicaciones del Arzobispado.

El texto oficial no detalla la fecha exacta en la que fue interpuesta la denuncia ni especifica el tipo de medidas cautelares aplicadas a Winter Coronado. No obstante, se comprometieron a informar oportunamente sobre las resoluciones que la Iglesia dicte respecto a este caso.

Perfil y trayectoria del sacerdote investigado

Édgar Lisandro Winter Coronado es originario de Guatemala y se encuentra asignado en la parroquia Santa María de la Encarnación, ubicada en San Marcos, al sur de San Salvador. En redes sociales se pueden encontrar registros de sus actividades pastorales y comunitarias en esta parroquia. Previamente, también estuvo asignado en la parroquia de San Pedro Perulapán.

Contexto y antecedentes de denuncias contra sacerdotes en El Salvador

Este caso se enmarca en un contexto de denuncias recurrentes por abuso y acoso sexual cometidos por miembros del clero en El Salvador. En julio de 2024, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron públicamente al menos 100 casos de violaciones y acoso sexual por parte de sacerdotes en el país. De dichos casos, solo uno había sido judicializado hasta esa fecha.

Las organizaciones señalaron que existe un silencio institucional considerable por parte de la Iglesia católica ante estas denuncias, así como una tendencia a la revictimización de quienes denuncian, poniendo en duda la credibilidad y moralidad de las víctimas. Las entidades defensoras de derechos humanos han solicitado a las autoridades eclesiásticas y a instituciones estatales, como la Fiscalía General de la República (FGR),prestar especial atención y brindar apoyo efectivo a las víctimas.

“Se enfrentan prejuicios y obstáculos regulares que incluyen ataques a las víctimas y cuestionamientos a su vida personal, culpabilizándolas por el sufrimiento que padecen. Además, el Estado tiende a invisibilizar estos casos, lo que contribuye a la pasividad y revictimización”, señalaron representantes de estas organizaciones.

Casos judicializados y medidas recientes

El caso más reciente con sentencia firme en El Salvador fue el del sacerdote Víctor Manuel de Jesús Campos Alvarenga, quien en octubre de 2024 fue condenado a 12 años de prisión. Además, se le impuso el pago de una responsabilidad civil de 1,470 dólares por el abuso sexual reiterado cometido contra una adolescente en la parroquia La Resurrección, ubicada en Sonsonate.

Esta condena representó un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica salvadoreña, aunque las organizaciones sociales insisten en que es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas.

Medidas y acciones institucionales

El Arzobispado de San Salvador ha reiterado su compromiso de aplicar el Derecho Canónico para la investigación interna y las sanciones correspondientes en estos casos. Sin embargo, la falta de transparencia y la lentitud en la comunicación oficial continúan siendo motivo de preocupación para la sociedad civil y las víctimas.

Por su parte, las autoridades judiciales salvadoreñas mantienen la competencia para procesar cualquier delito penal relacionado con estos hechos, mientras que la Iglesia se encarga de los procedimientos canónicos que pueden incluir la suspensión, la expulsión o cualquier otra medida disciplinaria conforme a su legislación interna.

Relevancia para El Salvador y desafíos pendientes

El Salvador se encuentra en un proceso de fortalecer sus mecanismos de protección a menores y víctimas de violencia sexual, con reformas legales y mayor atención institucional. No obstante, la persistencia de denuncias contra miembros del clero evidencia que existen retos significativos en la erradicación de estos abusos y en el apoyo a las víctimas.

La sociedad salvadoreña demanda mayor transparencia, justicia y acompañamiento integral para quienes han sufrido abusos, así como una postura clara y firme por parte de la Iglesia católica para prevenir que estos delitos sigan ocurriendo dentro de sus estructuras.

El caso de Édgar Lisandro Winter Coronado representa un nuevo capítulo en esta problemática que involucra a instituciones religiosas y estatales, y que requiere un compromiso conjunto para garantizar el respeto y la protección de los derechos de los menores en El Salvador.

El seguimiento de este proceso será clave para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y la voluntad institucional de enfrentar este tipo de delitos con la seriedad que ameritan.

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