Partido Vamos colaborará con auditoría de Corte de Cuentas pero cuestiona alcance de revisión

La secretaría general del partido Vamos, Cesia Rivas, confirmó la disposición de su organización para colaborar con la auditoría especial solicitada por la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre los fondos recibidos en concepto de deuda política en 2021, cuyo monto asciende a $98,000. Sin embargo, la dirigente manifestó reservas respecto a algunos requerimientos planteados por la entidad fiscalizadora y advirtió que no entregarán documentación que no esté relacionada directamente con este tema, específicamente el registro de afiliados y ciertas actas internas.

Notificación y alcance de la auditoría

Vamos fue notificada oficialmente el 22 de abril sobre el inicio de un examen especial centrado en la deuda política recibida entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. La reunión inicial con representantes de la Corte de Cuentas se realizó el 28 de abril, donde se explicó que el objetivo es revisar la documentación y el manejo de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda durante este periodo.

La auditoría se enfoca en el monto entregado en 2021, que asciende a $98,000, correspondientes a la deuda política generada tras las elecciones de febrero de ese año. Rivas aclaró que su partido renunció a la deuda política correspondiente a las elecciones de 2024, por lo que no consideran pertinente entregar información relacionada a ese periodo.

Solicitudes documentales y reservas del partido

Entre los 14 requerimientos presentados por la Corte de Cuentas, se incluyen estatutos del partido, modificaciones, credenciales del representante legal, inscripción, elección de autoridades, libros de actas y registro de afiliados, entre otros. Respecto a estos últimos, la dirigencia de Vamos expresó una clara negativa a entregar el registro de afiliados, argumentando que estos datos son sensibles y protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales, así como por la Ley de Partidos Políticos, que resguarda información interna de las organizaciones.

En cuanto a los libros de actas, la apertura se limita a aquellos documentos relacionados exclusivamente con la deuda política y asuntos financieros, excluyendo otras actas internas. La postura del partido es que dichos documentos no son necesarios para la auditoría que se está realizando y que su entrega podría vulnerar derechos y confidencialidad.

Documentación financiera y transparencia

Además, se han solicitado convenios, estados financieros con notas explicativas desde 2021 a 2024, registros contables, informes de financiamiento presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE),declaraciones de origen y destino de fondos, listados del personal autorizado para manejar fondos y documentos relacionados con la percepción y uso de recursos públicos. Vamos asegura haber cumplido puntualmente con la presentación de estos informes, los cuales son públicos y están disponibles tanto en el TSE como en su página web oficial.

Respecto a la declaración de origen y destino de fondos, que también está vinculada a protocolos de prevención de lavado de dinero, se indicó que los procedimientos en 2021 no eran tan estrictos como los actuales, pero que proveerán la información solicitada en la medida que esté disponible.

Preocupaciones sobre el proceso y posible uso político

La secretaria general de Vamos expresó que, aunque no tienen nada que ocultar y están dispuestos a transparentar el uso de los $98,000 recibidos, existe preocupación sobre un posible uso político del proceso de auditoría. Rivas destacó que si la Corte de Cuentas no somete a revisión a otros partidos, especialmente a aquellos que recibieron montos mucho mayores, como Nuevas Ideas con $27 millones, entonces la auditoría podría tener un sesgo político.

El partido enfatiza que la auditoría debería ser un procedimiento ordinario y uniforme para todas las organizaciones políticas que manejan fondos públicos, y no una acción selectiva que pueda afectar la imagen y funcionamiento de Vamos.

Situación del financiamiento y perspectivas futuras

En cuanto al financiamiento adicional al proveniente de la deuda política, la dirigencia confirmó la existencia de aportes privados, principalmente del fundador del partido antes de su renuncia en septiembre de 2022, pero aclaró que actualmente las donaciones provienen de miembros y simpatizantes, incluyendo la diáspora salvadoreña, con total transparencia ante el Ministerio de Hacienda y el TSE.

Sobre la duración de la auditoría, la Corte de Cuentas no ha especificado un plazo definido, pero solicitó la designación de un enlace para agilizar la entrega y verificación de documentos.

Respecto a la posibilidad de futuras auditorías sobre financiamiento posterior a 2024, se indicó que la CCR podría realizar investigaciones adicionales si detecta hallazgos que lo ameriten, pero no se han recibido advertencias concretas al respecto.

Reacción interna y convocatoria para elecciones internas

La notificación y el proceso de auditoría han sido comunicados de manera transparente dentro del partido. La dirigencia mantiene que esta apertura fortalece la confianza de sus miembros y simpatizantes, manifestando que la convocatoria para las elecciones internas ha superado las expectativas en cuanto a participación.

Rivas señaló que la transparencia es un principio fundamental para Vamos y que la reacción de la militancia ha sido favorable, incluso incrementando el compromiso de quienes desean participar en la vida interna del partido.

Cuestionamientos sobre solicitudes y comparativo con otros partidos

Finalmente, la secretaria general indicó que no ha consultado directamente con otros partidos si han recibido notificaciones similares, pero que lo hará para determinar si se trata de un proceso generalizado o si Vamos está siendo tratado de manera diferenciada. En caso de confirmarse que solo su partido está sometido a esta auditoría especial, consideraría que la acción tiene un tinte político más que de fiscalización objetiva.

El partido mantiene su postura de colaboración con la auditoría, pero con un énfasis en la protección de datos sensibles y en la equidad en la supervisión de los recursos públicos asignados a todas las organizaciones políticas del país.