PDDH reporta 71 denuncias de desaparición forzada durante régimen de excepción en El Salvador

Desde la instauración del régimen de excepción en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido un total de 71 denuncias relacionadas con desapariciones forzadas, de acuerdo con registros institucionales que cubren hasta junio de 2025. Este régimen, instaurado para combatir la delincuencia, ha generado un incremento en la atención y monitoreo de violaciones a derechos fundamentales.

Distribución anual de denuncias

El análisis de los expedientes abiertos por la PDDH revela que los años 2022 y 2023 concentraron la mayoría de las denuncias. En 2022, la institución abrió 24 casos, mientras que en 2023 esta cifra aumentó a 29. Para 2024 se observa una disminución con 14 denuncias tramitadas. Respecto a 2025, solo se reportan cuatro denuncias, correspondientes al primer semestre del año, debido a que los datos completos aún no han sido proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).

Limitaciones y naturaleza de los datos oficiales

Es importante destacar que el listado proporcionado por la PDDH representa una categorización preliminar de los casos, sin especificar cuáles fueron admitidos formalmente ni los criterios usados para calificar cada denuncia como desaparición forzada. Además, algunas denuncias corresponden a hechos ocurridos antes del régimen de excepción, incluso desde la década de 1980, lo que implica que no todos los casos están relacionados directamente con el periodo de vigencia de esta medida excepcional.

Al momento de cierre de este informe, la PDDH no había emitido comentarios para aclarar estas particularidades, a pesar de haber sido consultada a través de su departamento de comunicaciones.

Desfase entre cifras oficiales y reportes de organizaciones civiles

La cifra de 71 denuncias de la PDDH contrasta con los datos recopilados por organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación en el país. Por ejemplo, Cristosal ha documentado más de 300 casos de desapariciones forzadas vinculadas al régimen de excepción en informes presentados entre 2022 y 2024. Muchos de estos casos corresponden a desapariciones forzadas de corta duración, donde las familias no reciben información inmediata sobre el paradero de las personas detenidas, y en otros casos la información ha estado ausente durante meses.

Adicionalmente, un estudio conjunto entre seis organizaciones defensoras de derechos humanos contabilizó un total de 540 casos entre el 27 de marzo de 2022 y marzo de 2025. Esta notable discrepancia con las cifras oficiales sugiere, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),una posible disminución en la confianza ciudadana hacia los mecanismos institucionales de denuncia, además de diferencias metodológicas en el registro de casos.

Preocupación internacional y estándares de derechos humanos

Organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han manifestado preocupación por la posible existencia de patrones sistemáticos de desapariciones forzadas de corta duración en El Salvador. Estas entidades señalan que la negativa o demora en proporcionar información oficial sobre personas detenidas podría constituir violaciones a estándares internacionales de derechos humanos, especialmente si hay indicios de participación estatal en dichos hechos.

Respuesta institucional y seguimiento de casos

La titular actual de la PDDH ha declarado públicamente que la institución da trámite a todas las denuncias que recibe y que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos para determinar responsabilidades penales. Asimismo, ha señalado que la Procuraduría actúa dentro del marco de sus competencias constitucionales y realiza seguimiento a los casos reportados.

No obstante, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado una falta de acompañamiento adecuado por parte del Estado en la atención de las denuncias por desaparición forzada. El OUDH, en ese sentido, considera que el soporte brindado por la PDDH ha sido limitado e insuficiente, lo que ha motivado que las víctimas busquen apoyo en organizaciones no gubernamentales o formen sus propias redes de solidaridad y defensa.

Contexto del régimen de excepción y restricciones a derechos

El régimen de excepción, prorrogado de manera consecutiva por la Asamblea Legislativa desde marzo de 2022, ha permitido la suspensión temporal de garantías constitucionales fundamentales, tales como el derecho a la defensa inmediata y la ampliación del plazo máximo de detención administrativa, que pasó de tres a quince días.

En este marco, el registro de denuncias por desapariciones forzadas se ha convertido en un indicador clave para organismos nacionales e internacionales al evaluar el impacto de esta medida en la protección de los derechos humanos en El Salvador.

Rol constitucional de la PDDH

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la entidad constitucional encargada de velar por el respeto y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos salvadoreños. Su labor es fundamental para garantizar mecanismos de denuncia y vigilancia frente a posibles vulneraciones, especialmente en contextos excepcionales como el régimen de excepción.

En conclusión, mientras las cifras oficiales de la PDDH registran 71 denuncias por desaparición forzada en más de tres años del régimen de excepción, organizaciones especializadas reportan una realidad significativamente mayor. Esta disparidad pone en relieve retos en la confianza hacia las instituciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento a las víctimas en El Salvador.