Penalistas cuestionan juicios masivos bajo régimen de excepción y contradicen al vicepresidente Ulloa

El manejo judicial de los casos vinculados al régimen de excepción en El Salvador ha generado controversia a nivel nacional e internacional. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, durante una gira oficial en Madrid, España, defendió la realización de juicios masivos contra supuestas estructuras de crimen organizado en el país, calificándolos como un procedimiento "innovador". Sin embargo, diversos abogados penalistas especializados han expresado su desacuerdo, asegurando que estos procesos vulneran derechos fundamentales y el debido proceso.

Posición oficial sobre los juicios masivos

En el marco de su visita a España el 18 de febrero, Ulloa manifestó que el sistema judicial salvadoreño garantiza el debido proceso en los juicios contra pandillas y otras organizaciones criminales, a pesar de que se llevan a cabo en procedimientos colectivos. Según el vicepresidente, las sentencias se aplican a los individuos en función del número de homicidios cometidos, y se condena a todos los integrantes de una "clica" o grupo pandillero involucrado.

El funcionario enfatizó que la responsabilidad penal es personal, pero que en El Salvador se ha adoptado un enfoque diferente para combatir las pandillas, agrupando a los acusados en juicios colectivos para acelerar las condenas y combatir la criminalidad organizada.

Críticas desde el sector penalista

Abogados que han llevado casos relacionados con el régimen de excepción han denunciado que los procesos judiciales masivos presentan violaciones claras al debido proceso y afectan garantías fundamentales, como el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Alertan sobre el riesgo de que personas inocentes sean condenadas por hechos atribuidos a las pandillas sin pruebas concretas.

Un análisis realizado por estos expertos evidenció que existen investigaciones donde se procesan hasta 1,800 personas en un solo expediente, lo que dificulta la individualización de las responsabilidades y pone en riesgo la justicia imparcial.

Vulneraciones al debido proceso

Uno de los penalistas consultados afirmó que las declaraciones del vicepresidente no se corresponden con la realidad de los juicios. Según este experto, los procesos carecen de garantías esenciales, incluyendo la ausencia de pruebas sólidas y acusaciones genéricas que mantienen a personas detenidas por años sin avances significativos en la fase de instrucción.

Además, señalan que la legislación aprobada durante el régimen de excepción elimina controles judiciales sobre los plazos de instrucción y permite la negación arbitraria de derechos como la visita familiar y el acceso a asesoría legal. Estas condiciones, sumadas a reportes de tortura, malnutrición y condiciones insalubres en los centros penales, agravan la situación de los detenidos.

Impacto en derechos humanos y garantías procesales

La abogada y portavoz de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) destacó que los procesos colectivos afectan de manera directa derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, como el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia. Considera que calificar estos juicios como "innovadores" es irresponsable y constituye una violación a la Constitución y a tratados internacionales.

Asimismo, cuestionó la afirmación oficial de que no existen persecuciones políticas ni restricciones a la libertad de expresión en el contexto del régimen de excepción. La abogada recordó que varios defensores de derechos humanos y periodistas han denunciado persecución y que varios han solicitado asilo en el extranjero debido a procesos judiciales en su contra.

Cuestionamientos a la legislación vigente

Otra experta en derecho penal, representante del Observatorio y Control Legal Ciudadano, señaló que las reformas legales y decretos aprobados durante el régimen de excepción permiten el procesamiento colectivo sin individualizar la participación de cada acusado. Este mecanismo, explicó, viola principios básicos del derecho penal y garantiza condenas basadas en la pertenencia a un grupo, sin considerar conductas específicas.

El artículo 1 del decreto 803 establece que se procesará conjuntamente a las personas capturadas por pertenecer a la misma estructura criminal, mientras que el artículo 3 permite al fiscal determinar criterios amplios para la agrupación de los acusados. Esto ha llevado a que miles de personas sean procesadas como parte de un mismo caso, sin desglosar responsabilidades individuales.

Preocupación por la masificación de los procesos y recomendaciones

Un abogado penalista consultado advirtió que los procesos colectivos funcionan como una “fábrica de sentencias”, en la que se pierde la individualización de las pruebas y la historia personal de cada acusado. En su opinión, la solución está en fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía para garantizar procesos justos y objetivamente fundamentados.

Estas críticas contrastan con la narrativa oficial que califica las reformas y procedimientos como una novedad jurídica. Los expertos coinciden en que agrupar a personas para condenarlas masivamente representa un retroceso en los avances legales y en la protección de los derechos humanos.

Datos oficiales y contexto actual

Según un conteo basado en las memorias de labores de la Fiscalía General de la República (FGR) entre junio de 2023 y mayo de 2025, se han agrupado judicialmente a 19,511 personas en casos relacionados con el crimen organizado bajo el régimen de excepción. El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que en 2025 se presentaron 595 acusaciones y que se proyecta presentar otras 3,000 en el primer trimestre de 2026.

Por su parte, el vicepresidente Ulloa destacó que en los últimos cuatro años se han liberado más de 8,000 personas que lograron demostrar no tener vínculos con grupos criminales, aunque sus procesos judiciales permanecen abiertos. También resaltó que la Procuraduría General de la República ha contratado a más de 300 abogados para atender los casos derivados del régimen de excepción.

Conclusiones

El debate sobre los juicios masivos en El Salvador refleja tensiones entre la lucha contra la criminalidad organizada y la protección de derechos fundamentales y garantías procesales. Mientras el gobierno defiende la eficacia y la innovación de su modelo judicial, expertos legales alertan sobre riesgos de arbitrariedades y violaciones a la justicia que podrían afectar la legitimidad del sistema y los derechos humanos de miles de personas.

Este escenario plantea un desafío para las instituciones salvadoreñas y la comunidad internacional en materia de derechos humanos, justicia y estado de derecho.