Pobreza en El Salvador: avances, desafíos estructurales y el camino hacia la inclusión social

El gobierno de El Salvador publicó el 29 de marzo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, que revela el panorama actual de la pobreza tanto monetaria como multidimensional en el país. Esta última metodología, aplicada desde 2014, permite un análisis profundo y sostenido a lo largo de una década, arrojando un diagnóstico que combina avances significativos con persistentes desafíos estructurales.

Metodología multidimensional: un enfoque integral

La pobreza tradicionalmente se mide con base en ingresos y gastos familiares, pero la metodología multidimensional empleada en El Salvador utiliza 20 indicadores agrupados en cinco dimensiones esenciales: educación; condiciones de la vivienda; trabajo y seguridad social; salud, servicios y alimentación; y calidad del hábitat. A diferencia de otras mediciones, esta incluye además la seguridad pública, reflejando un aspecto clave para el bienestar de los hogares.

Para clasificar un hogar en situación de pobreza multidimensional, debe presentar privaciones en al menos siete de los 20 indicadores, un criterio que permite identificar un espectro más amplio y realista de carencias.

Situación actual: avances y persistencias

En El Salvador, el 20.1 % de los hogares se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que representa una reducción de un punto porcentual respecto a 2024. A pesar de ello, los datos revelan condiciones que requieren atención urgente:

• El 73 % de los adultos no completaron la educación básica o media, evidenciando un déficit formativo que limita oportunidades.
• El 66 % de los trabajadores afronta subempleo o inestabilidad laboral, reflejando vulnerabilidad en el mercado laboral.
• La inseguridad alimentaria afecta al 16 % de los hogares, un indicador crítico para la salud y desarrollo.
• El hacinamiento afecta al 31 % de la población, mientras que el 39 % carece de espacios públicos de esparcimiento adecuados.

Paralelamente, la encuesta registra transformaciones notables en materia de seguridad: las restricciones debidas a la inseguridad descendieron al 6 %, y la incidencia de crímenes y delitos se sitúa en 5 %, marcando una mejora sustancial en este ámbito.

Desglose por indicadores y evolución en la última década

Entre 2024 y 2025, 14 de los 20 indicadores multidimensionales mostraron reducciones en las privaciones, mientras que el subempleo, la inestabilidad laboral y la falta de seguridad social presentan estancamientos, señalando las áreas de mayor vulnerabilidad.

El análisis histórico revela dos fases diferenciadas en los últimos diez años:

• 2014-2019: un quinquenio caracterizado por mejoras graduales y homogéneas en la mayoría de las dimensiones, con avances en educación, vivienda y empleo.
• 2020-2025: marcado por dos eventos disruptivos: la pandemia de COVID-19, que afectó severamente el mercado laboral incrementando el subempleo y frenando tendencias positivas; y un giro en la seguridad pública que redujo drásticamente las restricciones por inseguridad, de 42.8 % en 2019 a 5.9 % en 2025.

Seguridad y libertades: un balance delicado

El descenso significativo en las percepciones y manifestaciones de inseguridad representa un logro sustancial para el país, que ahora se enfrenta al desafío de consolidar esta mejora en un contexto de régimen de excepción vigente y de compromisos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este contexto excepcional plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a las libertades individuales, un aspecto que debe ser cuidadosamente gestionado para evitar retrocesos en derechos fundamentales.

Retos estructurales: educación, empleo y alimentación

A pesar del avance en seguridad, las carencias estructurales persisten con fuerza. La elevada proporción de adultos sin educación básica o media limita la competitividad y desarrollo económico del país. La precariedad laboral, con un alto porcentaje de subempleo e inestabilidad, afecta la capacidad de los hogares para salir de la pobreza. Asimismo, la inseguridad alimentaria sigue siendo una amenaza para la salud pública y el desarrollo infantil.

El hacinamiento y la ausencia de espacios públicos adecuados también inciden en la calidad de vida y el bienestar social.

Perspectivas y recomendaciones para el desarrollo sostenible

El desafío que enfrenta El Salvador es múltiple y complejo: por un lado, debe preservar los avances en materia de seguridad sin sacrificar las libertades individuales; por otro, requiere implementar políticas públicas decididas que atiendan las deudas estructurales en educación, empleo y alimentación.

Además, resulta imprescindible mejorar la eficiencia y responsabilidad en el gasto público para garantizar que los recursos disponibles se traduzcan en bienestar duradero para la población.

El desarrollo sostenible del país dependerá de la capacidad para integrar estos elementos en una estrategia coherente que impulse la inclusión social y reduzca las desigualdades.

Conclusión

Los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025 reflejan un El Salvador que ha logrado avances notables en la reducción de la inseguridad y en la disminución de la pobreza multidimensional. Sin embargo, las persistentes carencias en educación, empleo y alimentación constituyen retos que requieren atención prioritaria.

El futuro del país dependerá de la continuidad y profundidad de las políticas públicas, así como del equilibrio entre seguridad y respeto a las libertades, elementos esenciales para consolidar un desarrollo inclusivo y sostenible.