Presidente de la Asamblea abre posibilidad de modificar Ley de Alianzas Público Privadas para excluir servicios esenciales

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, miembro del partido Nuevas Ideas, manifestó recientemente que la propuesta de Ley de Alianzas Público Privadas aún está en proceso de discusión y podría ser modificada para incluir explícitamente que los servicios de agua, salud y educación no sean objeto de este tipo de alianzas.

Durante una sesión informativa, Castro señaló que no se ha emitido un dictamen final sobre el proyecto y que se continúa convocando a expertos y actores relevantes para obtener diferentes puntos de vista sobre la normativa. "Está en discusión. No está dictaminado. Estamos mandando a llamar a más personas para que den puntos de vista. No hay que tomar ansias de esto", indicó el funcionario.

Controversia por la exclusión de servicios esenciales

La polémica en torno a la ley se originó después de que la redacción inicial eliminara la mención explícita de servicios como agua, salud y educación como sectores excluidos de las alianzas público privadas. Esta modificación generó preocupación en diversos sectores, dado que estas áreas son consideradas fundamentales para el bienestar social y su posible privatización es un tema delicado en El Salvador.

Castro reconoció estas inquietudes y enfatizó que, dado que el proyecto aún está en análisis en las comisiones legislativas, es factible que la redacción final incorpore cambios que aclaren este punto. "De momento, no podemos estar sacando conclusiones. En el proceso de formación de ley, todo está abierto. Es un tema que estamos discutiendo en una comisión", agregó.

Posturas de los partidos políticos y diputados

En el marco del debate legislativo, los partidos Arena y Vamos han presentado propuestas para modificar el artículo 2 del proyecto de ley, buscando mantener la disposición vigente en la Ley de Asocios Públicos Privados que protege expresamente los servicios de agua, salud y educación de posibles alianzas con el sector privado.

Por su parte, los diputados de Nuevas Ideas que integran la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión defienden la redacción original del proyecto y argumentan que la Constitución salvadoreña ya establece que estos servicios deben ser gratuitos cuando los brinda el Estado, lo que consideran suficiente para garantizar su protección.

Sin embargo, diputadas de Arena como Cesia Rivas y Marcela Villatoro han reiterado su intención de insistir en la inclusión explícita de la prohibición de alianzas en estos sectores dentro del texto de la ley. Consideran que esta claridad es necesaria para evitar interpretaciones ambiguas que puedan permitir la privatización en áreas sensibles.

“Hay que insistir y ojalá que queden estas prohibiciones en la ley. Si no queda claro y específico, estos, así como son, le van a dar vuelta y lo van a ocupar para salud y educación y va a dar lugar a privatización”, expresó Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Contexto y relevancia para El Salvador

La discusión sobre la Ley de Alianzas Público Privadas ocurre en un momento en que El Salvador impulsa diversos proyectos para fortalecer la inversión y la infraestructura mediante colaboraciones entre el sector público y privado. No obstante, la inclusión de servicios esenciales como agua, salud y educación en estas alianzas es un tema sensible, dada la importancia que estos sectores tienen para la población y las garantías constitucionales existentes.

El debate legislativo refleja la preocupación de sectores políticos y sociales por preservar el acceso universal y gratuito a estos servicios, mientras que el gobierno busca mecanismos para atraer inversión y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos.

Próximos pasos en el proceso legislativo

Actualmente, la propuesta de Ley de Alianzas Público Privadas se encuentra en análisis en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, donde se continúan recibiendo opiniones y propuestas para enriquecer el texto final.

El presidente legislativo reiteró que se mantendrá abierta la discusión y que cualquier modificación que garantice la protección de servicios básicos será considerada antes de la aprobación definitiva. Esta postura busca equilibrar el interés en promover alianzas estratégicas con la protección de derechos fundamentales, tema que genera amplio interés en la sociedad salvadoreña.

El debate continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que la redacción final de la ley refleje un consenso que permita avanzar en la inversión pública y privada sin comprometer la accesibilidad y calidad de los servicios esenciales.

Así, El Salvador avanza en un proceso legislativo que busca definir con claridad los límites y alcances de las alianzas público privadas, en un contexto donde la protección de derechos fundamentales y el desarrollo económico deben coexistir de manera equilibrada.