Presupuesto insuficiente afecta la calidad de investigaciones del régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción implementado en El Salvador ha impulsado un aumento significativo en la capacidad operativa de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que el limitado presupuesto asignado a la institución repercute negativamente en la calidad de las investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con procesos complejos derivados de esta política de seguridad.

El régimen de excepción, instaurado como medida para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, ha derivado en un incremento considerable en la carga de trabajo de la Fiscalía. Según un análisis reciente, esta situación ha llevado a priorizar la judicialización masiva frente a un análisis detallado y exhaustivo de cada caso, lo que podría comprometer la efectividad y justicia de los procesos.

Desfase presupuestario y su impacto en la operatividad

Un informe elaborado por Acción Ciudadana sobre la operatividad y efectividad de la Fiscalía durante 2025 evidencia una constante brecha entre el presupuesto solicitado por la institución y el monto finalmente aprobado. En 2023, la FGR solicitó más de 216 millones de dólares, pero sólo se aprobaron alrededor de 129 millones. Para 2025, la solicitud fue de 153 millones, mientras que la asignación final fue de apenas 88.5 millones, lo que representa una reducción del 38 %.

Esta insuficiencia financiera limita la contratación y mantenimiento de personal, particularmente fiscales auxiliares, quienes constituyen aproximadamente el 30 % del equipo institucional. De acuerdo con datos oficiales, la Fiscalía cuenta con 291 profesionales asignados a nivel nacional para atender casos relacionados con el régimen de excepción, un equipo calificado con herramientas y técnicas especiales, pero cuya capacidad podría estar sobrepasada por la demanda actual.

Sobre la carga de casos y la calidad investigativa

Expertos en derecho penal señalan que la sobrecarga de casos por fiscal genera dificultades para llevar a cabo investigaciones sólidas y detalladas. En promedio, un fiscal puede estar a cargo de más de 100 expedientes, cifra que podría ser mayor para quienes atienden exclusivamente procesos del régimen de excepción. Esta situación representa un riesgo para el debido proceso y la calidad del trabajo judicial.

Los expedientes vinculados a este régimen suelen ser voluminosos, en algunos casos conformados por cajas completas con múltiples cuerpos de hasta 100 páginas cada uno. Esta complejidad exige un análisis individualizado y minucioso de cada imputado, algo que resulta difícil ante la limitada disponibilidad de tiempo y recursos humanos.

Además, se han observado reformas al Código Procesal Penal que permiten procesar a varias personas de una misma estructura en una sola audiencia, lo que aumenta la complejidad y demanda de trabajo para los fiscales. La falta de fiscales suficientes y con la preparación adecuada puede convertir a la Fiscalía en un ente meramente administrativo, limitando la profundidad del análisis y la calidad de las investigaciones.

Implicaciones en el sistema judicial

La saturación de casos y la escasez de recursos no solo afectan a la Fiscalía, sino también al Órgano Judicial, que enfrenta un recorte presupuestario de 164 millones de dólares para 2026. Esta reducción podría implicar un escenario crítico ante la creciente demanda de procesos relacionados con el régimen de excepción.

La disminución de plazas y la posible reducción de personal operativo en los juzgados podrían agravar la mora judicial y la saturación existente. Aunque algunas posiciones reportadas como vacantes dificultan la verificación exacta del impacto, la tendencia genera preocupación sobre la capacidad del sistema para administrar justicia de manera eficaz y oportuna.

Consecuencias prácticas en la investigación y justicia

La insuficiencia presupuestaria y la sobrecarga de trabajo han derivado en violaciones de plazos legales y en el uso recurrente de decretos para extender periodos de instrucción. Esta situación evidencia deficiencias estructurales e improvisación en el manejo de los procesos judiciales.

Asimismo, se ha detectado que investigaciones iniciales claves, como la determinación de la vinculación real de personas en casos, no se realizan adecuadamente por la alta demanda. En muchos casos, la Fiscalía recurre a testigos criteriados en fases tardías para sostener acusaciones, lo que pone en tela de juicio la solidez de las investigaciones desde su inicio.

Estas circunstancias reflejan una brecha entre las exigencias del régimen de excepción y la capacidad institucional para responder con la debida diligencia, afectando la garantía de un debido proceso y la justicia efectiva.

Conclusiones y perspectivas

La implementación del régimen de excepción ha transformado el panorama de la seguridad y justicia en El Salvador, aumentando significativamente la presión sobre la Fiscalía y el sistema judicial. Sin embargo, la insuficiente asignación presupuestaria limita la capacidad operativa, la calidad investigativa y la atención adecuada de los casos complejos.

Para lograr una justicia efectiva y respetuosa de los derechos procesales, es necesario replantear la asignación de recursos y fortalecer la capacidad técnica y humana de la Fiscalía y del Órgano Judicial. Asimismo, debe garantizarse la transparencia en la gestión de datos y recursos para evaluar con precisión el impacto de estas políticas y evitar riesgos de colapso en el sistema judicial.

El desafío para El Salvador radica en equilibrar la necesidad de seguridad con el respeto a los procesos legales y la calidad en la administración de justicia, en un contexto donde el régimen de excepción se mantiene como una herramienta clave de política pública.