Propietario de terrenos en La Floresta: denuncia busca recuperación, no encarcelamiento de ocupantes

El conflicto por la ocupación de terrenos en la comunidad La Floresta, ubicada en San Juan Opico, ha generado un proceso judicial que mantiene a 23 personas detenidas, entre ellas al vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios en El Salvador (Unidehc),Fidel Zavala. Sin embargo, el propietario de los terrenos, Óscar Armando Góchez, ha declarado que la denuncia interpuesta no tiene como objetivo el encarcelamiento de los habitantes ni de los representantes de Unidehc, sino la recuperación del inmueble mediante un proceso de desalojo.

En declaraciones ofrecidas a este medio, Góchez destacó que su intención nunca fue llevar a nadie a prisión. «Respecto al proceso penal no estoy buscando que los condenen o no, nunca pensé en llevar a nadie a la cárcel», afirmó, detallando que actualmente se realizan las últimas gestiones para la donación de 50 parcelas a un número igual de familias que han aceptado llevar un proceso pacífico.

Origen del conflicto y proceso penal

El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando un grupo organizado de familias, respaldadas por Unidehc, se asentó en los terrenos propiedad de Góchez. Según el propietario y su abogado, Orlando Figueroa, Unidehc asesoraba a los habitantes para obtener la propiedad de las parcelas mediante la Ley de Prescripción, que permite reclamar un inmueble después de 10 o 30 años de posesión continua en caso de abandono. Sin embargo, el propietario asegura que las tierras no estaban en abandono, lo que invalida la aplicación de esta ley en este caso.

Góchez relató que el asesoramiento incluía la medición y asignación de parcelas por parte de los propios ocupantes. El conflicto escaló cuando en febrero de 2025 aproximadamente 220 personas ingresaron al terreno y se negaron a desalojarlo. Ante esta situación, los dueños ofrecieron compensaciones económicas de hasta $500 a otro grupo de familias para que firmaran una declaración jurada y desocuparan voluntariamente sus espacios, con la finalidad de permitir una medición técnica que facilitara la entrega de parcelas.

Plan humanitario y parcelación

El propietario señaló que este acuerdo se implementó como un «plan humanitario» desde abril de 2024, atendiendo la precariedad de las familias asentadas. El proceso comenzó con una reunión general y un censo basado en el Documento Único de Identidad (DUI) para identificar a los residentes. De un grupo inicial de 70 personas, se determinó que 50 correspondían a ocupantes originales que, según los propietarios, habrían sido engañados por quienes inicialmente usurparon las tierras.

Durante ese periodo, se iniciaron trabajos de terracería y limpieza en las áreas liberadas tras la primera ocupación. De esta manera, se avanzó en una parcelación formal, segregando legalmente cuatro manzanas de un total de 33.5 para destinarlas a una lotificación autorizada por el Ministerio de Vivienda, que sería donada a las familias beneficiarias.

El abogado Figueroa confirmó que se está en la etapa de elaboración de escrituras de donación irrevocable para cada beneficiario, las cuales serán presentadas ante el Centro Nacional de Registros (CNR) para formalizar la entrega de los títulos de propiedad.

Acusaciones y detenciones

En el marco del proceso penal, 23 personas permanecen detenidas, enfrentando cargos que incluyen agrupaciones ilícitas, venta irregular de parcelas y terrenos, así como amenazas. Entre los detenidos figura el vocero de Unidehc, Fidel Zavala.

Por su parte, Rudy Joya, integrante de Unidehc y también procesado en este caso, quien actualmente se encuentra con asilo en España, ha denunciado que la Fiscalía se ha negado a entrevistar a los testigos presentados por la defensa. Otra procesada, Ivania Cruz, integrante de Unidehc, fue consultada sobre las declaraciones del propietario, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Antecedentes y contexto

Este es el segundo proceso penal en el que se ve involucrado Óscar Armando Góchez por usurpación de tierras, lo que denota una problemática recurrente en la zona. La disputa por la tenencia de la tierra en El Salvador es un tema complejo que involucra factores legales, sociales y económicos, especialmente en áreas rurales y periurbanas donde la informalidad en la propiedad predial es común.

El caso de La Floresta refleja la tensión entre los derechos legítimos de los propietarios y las necesidades habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los actores involucrados enfrentan el desafío de buscar soluciones pacíficas y legales que respeten los derechos de todos, en un contexto donde la ocupación irregular de tierras es una problemática frecuente a nivel nacional.

Situación actual y perspectivas

En la actualidad, se mantiene un proceso legal abierto que involucra a los ocupantes, los voceros de Unidehc y los propietarios. El plan de donación de parcelas a 50 familias abre una posibilidad de salida pacífica al conflicto, aunque persisten las diferencias en cuanto a la legalidad de la ocupación y las acciones emprendidas.

El propietario asegura que la voluntad es resolver el conflicto de manera pacífica y humana, evitando la criminalización de los habitantes. No obstante, la Fiscalía continúa con las investigaciones y el proceso judicial en curso.

Este caso será un referente para futuras disputas similares en El Salvador, en donde la regulación y formalización de la propiedad, así como el respeto a los derechos humanos, deberán estar en el centro de las soluciones.