
Proponen prohibir cinco agrotóxicos vinculados a enfermedad renal crónica en El Salvador
Un proyecto de ley busca prohibir en El Salvador cinco agrotóxicos vinculados con la enfermedad renal crónica, con base en estudios epidemiológicos y recomendaciones de expertos.
Diversas organizaciones de El Salvador, entre ellas Azúcar Amarga y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN),han desarrollado el proyecto de “Ley Especial de Prohibición de Paraquat, Glifosato, Hedonal, Clorpirifos y Forato”. Esta iniciativa busca prohibir el uso, importación, comercialización y aplicación de estos cinco agrotóxicos, que se emplean comúnmente para el control de maleza y plagas en cultivos, y que están asociados al desarrollo de la enfermedad renal crónica (ERC) en el país.
José Acosta, representante del colectivo Azúcar Amarga, explicó que la elección de estos cinco agroquímicos se fundamenta en la prevalencia de su uso entre agricultores de comunidades rurales, quienes fueron consultados para la elaboración de la propuesta. Además, se consideran los agrotóxicos “más peligrosos” debido a su impacto en la salud humana. Acosta reconoció que, aunque se quisiera prohibir la totalidad de agroquímicos, el reto es considerable dada su amplia utilización.
Relación entre agroquímicos y enfermedad renal crónica
Acosta afirmó que, aunque en El Salvador no exista una prueba científica definitiva que establezca la causalidad directa, se atribuye el uso de agroquímicos como un factor que potencia la insuficiencia renal. Destacó que esta condición es multifactorial, pero la exposición a estas sustancias sería un componente relevante. Para sustentar esta afirmación, hizo referencia al “Plan estratégico intersectorial para el abordaje integral de la enfermedad renal crónica en El Salvador 2024-2028”, publicado por el Ministerio de Salud (MINSAL) en abril de 2024.
Este plan detalla que existe una posible vinculación entre la exposición a agroquímicos y la ERC, basada en evidencia científica recopilada en estudios epidemiológicos, análisis bioquímicos y pruebas en animales. Se ha detectado una elevada prevalencia de ERC entre trabajadores agrícolas. El documento señala que factores relacionados con prácticas agrícolas, tales como la exposición tóxico-ocupacional y ambiental, así como condiciones laborales extremas (estrés térmico, deshidratación),pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad.
Además, el plan enfatiza la creciente evidencia sobre las implicaciones del uso de compuestos químicos en la agricultura para la salud humana. Se menciona que más de 1,000 compuestos activos presentes en insecticidas, pesticidas, fertilizantes, herbicidas y fungicidas pueden causar efectos nocivos que incluyen cáncer, disrupciones endocrinas y daño renal.
Perspectiva médica y gremial
El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) ha expresado que existe una relación entre los agrotóxicos y la enfermedad renal crónica, especialmente en poblaciones agrícolas. Según esta organización, los metales pesados derivados de la descomposición de estas sustancias contaminan el suelo y el agua, generando daños irreversibles en la función renal a largo plazo.
En contraste, un nefrólogo consultado, que prefirió mantener anonimato, indicó que a pesar de investigaciones que datan de hace más de 25 años, no existe un factor único o determinante para establecer la relación directa entre agroquímicos y ERC. El especialista señaló que la enfermedad se ha identificado a lo largo de la costa del Pacífico, desde Guatemala hasta Panamá, y no todos los afectados son agricultores, sino que un factor común parece ser la residencia en zonas costeras con altas temperaturas.
No obstante, el nefrólogo reconoció que algunos plaguicidas usados en El Salvador, incluidos algunos prohibidos internacionalmente como el paraquat, pueden provocar daños en órganos como el hígado y el cerebro, además de causar lesiones renales agudas en quienes los manipulan.
Contenido y alcance del proyecto de ley
El proyecto presentado por las organizaciones pretende prohibir no solo el uso, sino también la comercialización, importación, exportación y procesamiento de los herbicidas paraquat, glifosato y hedonal, y los insecticidas clorpirifos y forato en todos los sectores agrícolas, agropecuarios y agroindustriales del país.
Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud (MINSAL) deben realizar un diagnóstico detallado del territorio nacional para evaluar el impacto de estos agroquímicos en el ecosistema —incluyendo suelo, agua, aire y biodiversidad— así como en la salud de la población.
El proyecto contempla además la creación de un comité consultivo conformado por representantes de municipalidades, ministerios, la Universidad de El Salvador (UES),organizaciones no gubernamentales y asociaciones comunales. Este comité tendrá la responsabilidad de asesorar al MAG en el monitoreo y control de los agroquímicos prohibidos.
Pedro Cabezas, de ACAFREMIN, señaló que actualmente El Salvador carece de regulaciones específicas sobre el uso de agroquímicos y afirmó que la aprobación de esta ley contribuiría a reducir la contaminación ambiental existente y a mitigar la epidemia de insuficiencia renal que afecta al país.
Contexto ambiental y sanitario en El Salvador
El Salvador enfrenta un desafío sanitario significativo debido a la alta incidencia de enfermedad renal crónica, que afecta especialmente a poblaciones rurales dedicadas a actividades agrícolas. El uso extensivo de agroquímicos sin regulación estricta ha generado preocupaciones por la contaminación del agua, suelo y aire, así como por la salud de las comunidades cercanas a las zonas de cultivo.
En este contexto, la propuesta legislativa busca equilibrar la producción agrícola con la protección ambiental y la salud pública, apuntando a una transformación en las prácticas agrícolas que reduzca la exposición a sustancias tóxicas.
La discusión que genera esta iniciativa pone en evidencia la necesidad de fortalecer las normativas nacionales y promover alternativas agrícolas sostenibles que garanticen un entorno saludable para la población y el ecosistema salvadoreño.
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