Proyectos de IA tendrán contratación directa en El Salvador y son declarados de utilidad pública

La Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales para ejecutar proyectos nacionales de Inteligencia Artificial (IA), robótica y tecnologías similares en El Salvador, el miércoles 23 de septiembre, mediante un régimen específico para sus adquisiciones y contrataciones, con el objetivo de fortalecer las capacidades tecnológicas, científicas, productivas e institucionales del país.

La propuesta fue presentada por iniciativa del presidente de la República, a través de la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y fue registrada en la Asamblea como la pieza 7-A. Las disposiciones se aplicarán a iniciativas impulsadas o coordinadas por la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

La normativa declara de utilidad pública y prioridad la ejecución de estos proyectos, así como las adquisiciones y contrataciones necesarias para planificarlos, desarrollarlos, ponerlos en funcionamiento, mantenerlos, actualizarlos o ampliarlos.

Esto significa que las nuevas reglas no se limitan al desarrollo de programas de Inteligencia Artificial. Su alcance incluye proyectos de robótica, investigación, infraestructura tecnológica y los servicios necesarios para ponerlos en funcionamiento.

¿Qué proyectos podrán incluirse?

Los denominados Proyectos Nacionales podrán comprender investigación, desarrollo, entrenamiento, evaluación, adopción, implementación, transferencia y aplicación de sistemas, modelos, plataformas y soluciones de Inteligencia Artificial, robótica y otras tecnologías similares.

También podrán abarcar la construcción, adquisición, operación, mantenimiento o ampliación de la infraestructura tecnológica necesaria. Entre los ejemplos incluidos en el documento aparecen infraestructura de cómputo, centros de datos, laboratorios y sistemas de energía, refrigeración e interconexión.

No cualquier iniciativa relacionada con IA o robótica será considerada automáticamente un Proyecto Nacional. Esa decisión corresponderá al director ejecutivo de la ANIA, quien deberá emitir una resolución en la que justifique la incorporación de cada iniciativa.

La resolución tendrá que especificar qué se hará, cuál será el alcance del proyecto, sus componentes y etapas, además de identificar las adquisiciones y contrataciones comprendidas en su ejecución.

¿Cómo funcionará la contratación directa?

Uno de los principales cambios se encuentra en la forma de realizar determinadas compras y contrataciones. Las disposiciones crean un procedimiento de Contratación Directa para los casos establecidos en la normativa.

Este mecanismo podrá utilizarse, por ejemplo, cuando se necesiten servicios altamente especializados o tecnologías que no estén disponibles en El Salvador, cuando exista un único proveedor o cuando sea necesario contratar una tecnología determinada por razones de compatibilidad, seguridad, soporte o integración con otros sistemas.

También podrán adquirirse bajo este procedimiento equipos, licencias y servicios especializados destinados a investigación científica, innovación o desarrollo tecnológico. La normativa incluye la contratación de expertos, investigadores, asesores, evaluadores, mentores y conferencistas nacionales o extranjeros cuando su experiencia o especialización sea necesaria para el proyecto.

Cada contratación deberá quedar respaldada en un expediente. La ANIA tendrá que verificar la capacidad del proveedor, establecer las condiciones técnicas y económicas y documentar que el precio de la contratación sea razonable.

La selección del proveedor y las condiciones principales deberán ser aprobadas mediante una resolución del director ejecutivo de la ANIA o de su suplente. Las operaciones podrán formalizarse mediante contratos, órdenes de compra, aceptación de ofertas o mecanismos electrónicos que permitan dejar constancia de lo contratado, su precio y sus condiciones.

Especialistas extranjeros y trámites para los proyectos

Las disposiciones también establecen reglas para incorporar profesionales extranjeros cuando sean contratados para trabajar exclusivamente con la ANIA.

Los especialistas que tengan un título acreditado en su país de origen podrán quedar exentos de realizar en El Salvador el trámite de homologación de su título y de obtener las credenciales profesionales establecidas por las leyes nacionales, siempre que cumplan los requisitos contemplados en la normativa y mantengan un contrato vigente con la ANIA.

La Agencia deberá mantener un registro de estos profesionales y compartirlo con la Dirección General de Migración y Extranjería. Los trabajadores extranjeros contratados podrán solicitar residencia temporal para ellos y su grupo familiar hasta por dos años prorrogables.

Además, diferentes instituciones públicas y municipalidades podrán emitir lineamientos especiales para facilitar la obtención de documentos y permisos necesarios para los proyectos, incluidos los relacionados con construcción, medio ambiente, interconexión y funcionamiento.

Los desarrolladores, proveedores, operadores e inversionistas también podrán acogerse a regímenes fiscales, aduaneros o incentivos que ya existan en la legislación salvadoreña, siempre que cumplan sus respectivos requisitos. Esto no supone una exención automática de impuestos para todos los proyectos.

Proyectos que ya comenzaron también podrán incorporarse

Las disposiciones también contemplan iniciativas que hayan comenzado antes de que la nueva normativa entre en vigencia. Estos proyectos podrán incorporarse al régimen si cumplen las características establecidas y son declarados formalmente como Proyectos Nacionales.

Para esos casos, el director ejecutivo de la ANIA deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los 45 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

La normativa también permite desarrollar proyectos financiados total o parcialmente mediante préstamos, créditos, garantías u otros instrumentos provenientes de Estados, agencias oficiales u organismos internacionales. En estos casos podrán aplicarse condiciones establecidas por la entidad que proporcione el financiamiento.

Las operaciones realizadas bajo estas disposiciones podrán ser revisadas por la Corte de Cuentas de la República, que tendrá la facultad de practicar auditorías externas, financieras, operacionales o de gestión.

El decreto establece que las disposiciones entrarán en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El nuevo régimen se suma a la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías de 2025, que estableció a la ANIA como autoridad rectora en esta materia.