¿Qué se sabe del TPS salvadoreño y qué exigen congresistas?
El congresista estadounidense James P. McGovern y otros 43 legisladores solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una respuesta sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. La oficina de McGovern, representan...
El congresista estadounidense James P. McGovern y otros 43 legisladores solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una respuesta sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador.
La oficina de McGovern, representante demócrata por Massachusetts, informó el 26 de octubre de 2026 que aproximadamente 200,000 salvadoreños amparados por el programa permanecían a la espera de una decisión sobre su continuidad.
La nueva solicitud fue enviada el 22 de octubre. En ella, los congresistas señalaron que el plazo para extender la designación del TPS ya había vencido, sin que el DHS comunicara si sería cancelada o prorrogada.
¿Qué se sabe sobre el futuro del TPS salvadoreño?
De acuerdo con el comunicado de McGovern, el 9 de julio de 2026 se presentó una primera carta, respaldada por 80 miembros del Congreso, en la que se solicitó al DHS extender el TPS para los salvadoreños.
En esa comunicación, los legisladores advirtieron sobre las posibles consecuencias económicas de cancelar el programa y plantearon preocupaciones relacionadas con las condiciones de derechos humanos en El Salvador.
Entre los señalamientos incluidos en la petición figuraban detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia e informes sobre personas deportadas que habrían sido encarceladas a su llegada al país sin revisión judicial ni debido proceso.

Posteriormente, en la carta de seguimiento enviada el 22 de octubre, los congresistas reiteraron que no habían obtenido una respuesta.
“El 9 de julio de 2026, enviamos la carta adjunta a su oficina instándolos a extender la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador. Al 22 de octubre de 2026, aún no hemos recibido respuesta”, escribieron los legisladores.
También señalaron que “desde que enviamos esa carta, la fecha de vencimiento inicial de la designación ya pasó. El Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado más información sobre si la designación TPS para El Salvador será cancelada o extendida. Como resultado, más de 200,000 salvadoreños se encuentran actualmente en la incertidumbre”.
¿Qué exigen los 44 congresistas al DHS?
Los legisladores solicitan que el Departamento de Seguridad Nacional responda a las preguntas formuladas en julio y aclare el futuro del TPS para El Salvador.
McGovern, miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades migratorias.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha tenido meses para responder a nuestras preguntas directas. Los salvadoreños que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS) no deberían tener que vivir preguntándose a diario si el gobierno les va a quitar el apoyo”, dijo McGovern.
El congresista también se refirió a las consecuencias de la incertidumbre para las familias beneficiarias.
«Mantener a cientos de miles de personas en este tipo de limbo legal es cruel e injusto», añadió McGovern.
«Merecen saber si pueden seguir trabajando, manteniendo a sus familias y viviendo en las comunidades que han sido su hogar durante décadas. El silencio no es una respuesta aceptable».

¿Qué datos presentaron los congresistas sobre los salvadoreños con TPS?
Según la información difundida por la oficina de McGovern, los beneficiarios salvadoreños del TPS han residido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas.
El comunicado indica que nueve de cada diez participan en la fuerza laboral estadounidense y que sus aportaciones tributarias ascienden a aproximadamente $1,500 millones anuales en impuestos federales, estatales y locales.
También señala que más de 150,000 niños con ciudadanía estadounidense tienen un padre o una madre salvadoreña que trabaja bajo la protección del programa.
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