Reforma a la Ley MYPE en El Salvador: avances y desafíos para un sector clave

El sector de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en El Salvador representa una columna vertebral fundamental para la economía nacional, concentrando el 99.4 % del parque empresarial y generando cerca del 70 % del empleo, según datos oficiales. Pese a esta importancia, múltiples retos estructurales y asimetrías dificultan su desarrollo óptimo.

En este contexto, la reciente reforma a la Ley MYPE se presenta como una respuesta integral a desequilibrios históricos que afectan especialmente a las microempresas, muchas de ellas de subsistencia, y que buscan un marco normativo y financiero más equitativo y efectivo.

Asimetrías persistentes que motivan la reforma

Ejemplos como el de un pequeño empresario proveedor de paquetes escolares para el Ministerio de Educación, que tuvo que esperar más de un año para recibir su pago, evidencian las dificultades que enfrentan estos negocios. La falta de liquidez provocó problemas financieros y de salud, situación que no es aislada sino representativa de un fenómeno generalizado.

Las principales asimetrías detectadas por el Observatorio MYPE y la Superintendencia de Competencia incluyen:

• Un Estado que, aunque contrata a micro y pequeñas empresas, no siempre cumple con los plazos de pago establecidos.
• Un marco regulatorio que impone los mismos requisitos a una microempresa de subsistencia que a una gran corporación, sin considerar las diferencias de escala y capacidad.
• Un sistema financiero que destina solo el 0.41 % de la cartera crediticia de la banca privada a microempresas de subsistencia, mientras las mujeres empresarias enfrentan tasas de interés que superan el 40 % anual en más del 50 % de los casos.

Adicionalmente, el mercado informal de crédito, con altos intereses o usura, se estima en alrededor de $1,250 millones, lo que refleja la dificultad de acceso al financiamiento formal para una parte significativa de este sector.

Mecanismos clave de la reforma a la Ley MYPE

Para afrontar estas problemáticas, la reforma incorpora medidas concretas y estructurales:

• Establece un plazo máximo de 30 días para que las entidades públicas realicen pagos a proveedores MYPE, incluyendo compensaciones en caso de mora.
• Introduce el principio de proporcionalidad, diferenciando requisitos y obligaciones según el tamaño y capacidad de las empresas.
• Reactiva figuras jurídicas como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y el Sistema de Mejora para la Microempresa (SIMEJORA),para facilitar la formalización y operación.
• Capitaliza fondos estratégicos como FECAMYPE y PROGAMYPE, orientados al fortalecimiento y financiamiento de las MYPE.
• Impone un mandato para que al menos el 25 % de las compras públicas se destinen a micro y pequeñas empresas, promoviendo su inclusión en las cadenas de valor estatales.

Los resultados preliminares del fideicomiso destinado a mujeres empresarias reflejan una tasa de mora menor al 0.02 % en créditos con más de 90 días, comparada con el 4.5 % del sector privado en general. Este dato subraya que otorgar créditos adecuados al sector MYPE no solo es viable, sino rentable.

Impacto diferenciado según segmentos dentro del sector MYPE

Es importante reconocer que el sector MYPE no es homogéneo y que la reforma tendrá impactos diversos según los segmentos. Esta distinción es clave para entender las expectativas y retos asociados a su implementación.

MYPE de acumulación y expansión

Este segmento abarca a microempresas consolidadas y pequeñas empresas formales, con potencial de crecimiento y generación de empleo. Para ellas, la reforma establece un marco normativo adecuado, aunque el principal desafío radica en la ejecución efectiva.

Entre las principales tareas pendientes están:

• La adecuación de procesos de pago en el gobierno central, acompañada de la publicación transparente de datos de cumplimiento por institución.
• Una reforma profunda que permita un trato administrativo y fiscal diferenciado según el tamaño de la empresa.
• El fortalecimiento de las Mesas Técnicas Locales en los municipios, para conectar las cadenas de valor territoriales con las compras públicas.
• El desarrollo de sistemas de scoring alternativos y garantías mobiliarias innovadoras por parte de la banca para ampliar el acceso al crédito.
• El fortalecimiento de cooperativas y entidades no bancarias, que juegan un rol estratégico en el financiamiento.
• El impulso de la innovación financiera mediante la cooperación internacional y las instituciones de apoyo.

MYPE de subsistencia

Este segmento incluye a microempresas que operan en condiciones de vulnerabilidad y con limitaciones educativas y de capital. El 71.1 % de estas microempresas son lideradas por mujeres, y un 31.2 % de sus propietarias no ha completado sexto grado de educación.

Esta condición educativa no es solo un dato demográfico, sino una variable productiva. El análisis de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 indica que cada grado adicional de escolaridad aumenta la capacidad de generación de ingresos en aproximadamente $12.66 mensuales. Así, completar hasta sexto grado puede significar un ingreso adicional cercano a $80 mensuales, un margen significativo para que estas microempresas puedan asumir cuotas de microcréditos sin comprometer la seguridad alimentaria del hogar.

Sin embargo, el rezago educativo y estructural de este segmento no puede ser abordado únicamente mediante reformas sectoriales o fondos crediticios. Se requiere una articulación integral con políticas públicas de educación básica, alfabetización digital y protección social para lograr un impacto sostenible y inclusivo.

Conclusiones y perspectivas

La reforma a la Ley MYPE en El Salvador representa un avance importante hacia la corrección de desequilibrios que han limitado el desarrollo de un sector vital para la economía y el empleo nacional. Su éxito dependerá, sin embargo, de la capacidad institucional para implementar las medidas contempladas y de la complementariedad con otras políticas públicas que atiendan las raíces estructurales del rezago en la microempresa.

La diferenciación de estrategias para los distintos segmentos del sector MYPE, junto con el fortalecimiento del acceso al financiamiento y la inclusión en las compras públicas, ofrecerán mayor equidad y oportunidades para miles de emprendedores salvadoreños. El desafío es grande, pero la reforma establece un marco alentador para promover un ecosistema empresarial más justo, competitivo y sostenible.