Régimen de excepción en El Salvador: cuatro años de impacto y desafíos para la democracia

El pasado 24 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del Régimen de Excepción, ampliando su vigencia del 2 al 31 de marzo de 2026. Esta extensión sitúa la duración total de esta medida en casi cuatro años consecutivos, evidenciando que no existen indicios claros de una transición hacia un estado pleno de derecho en el corto plazo. Desde su implementación, el régimen ha sido presentado tanto por el gobierno como por sectores de la población como una herramienta efectiva para contener la criminalidad, pero también ha generado debates sobre las implicaciones para los derechos constitucionales y el funcionamiento democrático del país.

Contexto y resultados en materia de seguridad

El Salvador cerró el año 2025 con una tasa de homicidios de 1.4 por cada 100,000 habitantes, cifra notablemente inferior a la registrada en 2018, el último año sin régimen de excepción, cuando esta tasa alcanzó 19.1. Además, la reducción no se ha limitado exclusivamente a homicidios, sino que también ha abarcado otras categorías de delitos considerados "de impacto", aquellos que generan mayor alarma social. Según datos oficiales, la reducción en este grupo de delitos ha sido cercana al 40 %.

No obstante, esta mejora en seguridad no implica que El Salvador esté exento de criminalidad. La cantidad de casos iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) se mantiene relativamente estable en comparación con hace cuatro años, lo que sugiere que el delito podría haberse desplazado a modalidades menos violentas o menos visibles. Sin embargo, esta hipótesis no puede confirmarse con certeza debido a que la información detallada sobre la tipología y evolución de los delitos se mantiene bajo reserva, al igual que los datos sobre el estado legal y la cantidad exacta de personas detenidas bajo el régimen, que se estima supera las 100,000, posicionando al país con la tasa más alta de encarcelamiento a nivel mundial.

Limitaciones y suspensión de derechos constitucionales

Un aspecto central del régimen de excepción es la suspensión temporal de derechos constitucionales fundamentales para cualquier persona detenida. Entre ellos destacan el derecho a ser informada oportunamente sobre las causas de su detención, a no ser obligada a declarar, a contar con asistencia legal desde el momento de la captura y a ser presentada ante un juez en un plazo máximo de 72 horas. Además, la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia también se encuentra limitada bajo esta medida.

Estas restricciones han generado preocupación en sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, quienes advierten que la prolongación indefinida de estos estados excepcionales puede erosionar las garantías básicas que sustentan el sistema democrático y el estado de derecho. La suspensión de estas garantías, originalmente planteada como una medida temporal para afrontar una emergencia, se ha convertido en una práctica prolongada que impacta directamente en la protección de los derechos humanos.

Impacto en la transparencia y rendición de cuentas

Más allá de los derechos individuales, el régimen de excepción ha incidido en prácticas democráticas esenciales como la transparencia y la rendición de cuentas. Estas no son simples formalidades, sino mecanismos estructurales diseñados para evaluar la efectividad de las políticas públicas, corregir errores y garantizar la supervisión ciudadana sobre las acciones del Estado.

La ausencia o debilitamiento de estos mecanismos dificulta la evaluación objetiva de la política de seguridad, limita la capacidad de realizar ajustes oportunos y, en última instancia, puede generar un ambiente donde las acciones estatales se desarrollen sin la debida supervisión ni control público. Esta situación plantea un desafío significativo para la consolidación democrática y para garantizar que las medidas extraordinarias no deriven en prácticas autoritarias o en la normalización de la excepcionalidad.

El dilema entre seguridad y democracia

El Salvador ha experimentado un cambio innegable en su realidad criminal durante estos casi cuatro años de régimen de excepción. El avance en la reducción de homicidios y otros delitos de impacto es un logro relevante que no debe minimizarse. Sin embargo, el verdadero desafío para una democracia afectada por altos niveles de criminalidad no se limita a alcanzar la seguridad inmediata, sino a hacerlo respetando los principios y garantías que sostienen el sistema democrático.

La seguridad duradera no puede depender exclusivamente de medidas de emergencia o de la eficacia inmediata, sino que debe construirse sobre la base de instituciones sólidas, transparentes y responsables que permitan sostenerla en el tiempo, corregirla cuando sea necesario y explicar sus resultados a la ciudadanía.

Reflexiones finales

Cuatro años después de su instauración, el Régimen de Excepción en El Salvador no puede evaluarse únicamente por los resultados obtenidos en la emergencia inicial. Es fundamental analizar también el tipo de país que esta medida está ayudando a construir. Si bien la excepcionalidad puede ser necesaria para recuperar el orden, es el retorno al estado pleno de derecho lo que confirma que ese orden ha dejado de ser extraordinario y se ha normalizado dentro de un marco democrático.

La continuidad de esta medida y la falta de señales claras sobre una transición hacia la normalidad jurídica plantean preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos en El Salvador. El desafío es garantizar que la lucha contra la criminalidad no comprometa las bases mismas de la democracia y que las medidas adoptadas sean siempre temporales, supervisadas y sujetas al escrutinio público.