Retos y oportunidades de las alianzas público-privadas en salud en Latinoamérica

En Latinoamérica, las alianzas público-privadas (APP) en el sector salud se han consolidado como un modelo estratégico para enfrentar los desafíos de infraestructura, operación y financiamiento. Diversos estudios y experiencias en la región evidencian tanto las ventajas como los obstáculos que implica la implementación de este tipo de asociaciones, especialmente en aspectos relacionados con la calidad de los servicios, la transparencia y la protección de derechos laborales.

Experiencias en Perú: un modelo con desafíos estructurales

Uno de los casos emblemáticos en la región es el Hospital III Alberto Barton-Callao y su Centro de Atención Primaria, que operan bajo un esquema de alianza público-privada adjudicado por el Seguro Social de Perú (EsSalud) en 2010. El contrato abarca el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del hospital, estableciendo un plazo de dos años para la construcción y treinta años para la administración.

Este hospital atiende a una población adscrita de aproximadamente 250,000 asegurados, a quienes se les asigna un monto per cápita que EsSalud paga a la empresa privada encargada, independientemente de la utilización efectiva de los servicios. Este pago se calcula en base a un nivel estimado de siniestralidad y procedimientos médicos previstos.

Sin embargo, un análisis realizado por una organización especializada ha identificado varios retos en este proyecto. En materia de costos, el estudio inicial que justificó la alianza estimaba un gasto anual de 45 millones de dólares para el operador privado, frente a los 60 millones del sector público. No obstante, al momento de la firma del contrato, el costo ascendió a 65.8 millones de dólares, superando las previsiones iniciales.

En cuanto a la calidad del servicio, se observa una brecha significativa respecto al sistema público tradicional. En 2017, de los 40 indicadores de calidad evaluados, 15 no alcanzaron las metas establecidas, lo que representa un 38% de incumplimiento. Esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia del modelo para garantizar estándares óptimos en la atención médica.

Otro aspecto crítico es la protección de los derechos laborales. Aunque el contrato estipula que la empresa debe cumplir con las normativas laborales vigentes para el sector privado, en la práctica se implementaron esquemas que vulneran derechos fundamentales, como la jornada continua y el pago de horas extras. Estas condiciones laborales atentan contra la estabilidad y el bienestar de los trabajadores del hospital.

Finalmente, la transparencia ha sido un área de preocupación. La falta de publicación de documentos contractuales, adendas y reportes de supervisión limita la veeduría ciudadana y dificulta el control social sobre la gestión del hospital, lo que puede afectar la confianza pública en el modelo de alianza.

Chile: eficiencia en infraestructura pero falta de socialización

Chile inició la implementación de alianzas público-privadas en salud en 2010 con el objetivo de resolver el déficit de infraestructura hospitalaria y mejorar los procesos constructivos y operativos. Un ejemplo destacado es el Hospital de Antofagasta, concesionado por un período de 15 años desde su construcción.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo resalta que la construcción del hospital registró un sobrecosto de solo 0.9% respecto al presupuesto original, cifra considerablemente inferior al 25% que pueden alcanzar proyectos estatales tradicionales. Asimismo, el hospital fue entregado en tiempo y forma, sin retrasos, lo que evidencia una gestión eficiente en la etapa de infraestructura.

El financiamiento fue asumido por la parte privada, que también absorbió los riesgos asociados a la inversión inicial. Los pagos del Estado al operador comenzaron únicamente tras la finalización de la construcción, lo que representa un incentivo para cumplir con los plazos y costos establecidos.

No obstante, el análisis también subraya limitaciones importantes. En primer lugar, no se identificaron indicadores específicos para medir la calidad de los servicios ofrecidos en el hospital, lo que dificulta evaluar el impacto real sobre la atención al paciente y la satisfacción de los usuarios.

Además, el modelo no fue adecuadamente socializado con la población ni con los gremios médicos, lo que ha generado resistencia y oposición. La falta de comunicación efectiva y participación ciudadana puede afectar la aceptación social y la sostenibilidad de estas alianzas en el largo plazo.

Implicaciones para El Salvador y la región

La experiencia latinoamericana con las alianzas público-privadas en salud ofrece lecciones valiosas para países como El Salvador, que buscan fortalecer su sistema sanitario y enfrentar limitaciones presupuestarias y de infraestructura. El modelo puede contribuir a mejorar la eficiencia en la construcción y operación de hospitales, así como a optimizar recursos públicos.

Sin embargo, es fundamental que estas iniciativas se diseñen con mecanismos claros de control y evaluación de la calidad de los servicios, garantizando la protección de los derechos laborales y la transparencia en la gestión. La participación activa de la sociedad civil y los gremios profesionales es clave para construir acuerdos legítimos y sostenibles.

En El Salvador, donde el sistema de salud enfrenta retos históricos en cobertura, infraestructura y calidad, la adopción de esquemas de cooperación público-privada debe ser acompañada de un marco regulatorio riguroso y una supervisión efectiva que asegure el cumplimiento de los objetivos sanitarios y sociales.

En definitiva, las alianzas público-privadas representan una alternativa con potencial para fortalecer la salud pública en Latinoamérica, pero requieren un equilibrio entre eficiencia económica, calidad asistencial y responsabilidad social. La experiencia acumulada en países vecinos brinda un valioso insumo para la toma de decisiones informadas y la construcción de sistemas de salud más resilientes y equitativos.