Sala de lo Constitucional y el desafío de la justicia en la era digital en El Salvador

La Sala de lo Constitucional de El Salvador ha emitido un pronunciamiento relevante en la Inconstitucionalidad 57-2025, donde establece estándares éticos y legales para la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial. Esta resolución subraya la necesidad de aprovechar los avances tecnológicos respetando el acceso a la justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este pronunciamiento representa un avance en la discusión contemporánea sobre la integración de tecnologías digitales en la función jurisdiccional, enfatizando que el uso de herramientas automatizadas debe estar subordinado a principios constitucionales y garantías procesales esenciales. En este sentido, la Sala ha reiterado la importancia del acceso a un juez y a un abogado humanos como elementos irrenunciables del debido proceso, en concordancia con los artículos 1, 2, 11, 12 y 15 de la Constitución de la República.

Un marco jurídico para la inteligencia artificial en la justicia

La resolución no solo fija un marco jurídico nacional, sino que también incorpora referencias internacionales, como las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esto evidencia un esfuerzo por armonizar los estándares locales con las mejores prácticas globales, reconociendo los retos y oportunidades que presenta la automatización en el derecho.

El reconocimiento de estos principios abre camino para la modernización del sistema judicial salvadoreño, pero también plantea la necesidad de equilibrio para evitar que la innovación tecnológica se convierta en un obstáculo a la protección efectiva de los derechos humanos.

La paradoja del silencio frente a miles de recursos pendientes

A pesar de esta diligencia doctrinal, el contexto actual muestra un contraste marcado con la acumulación de miles de recursos de habeas corpus pendientes en la Sala. Este recurso constitucional es fundamental para proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias, y la Constitución asigna a la Sala la competencia directa para conocer y resolver estas solicitudes.

Desde hace cuatro años, con la instauración del régimen de excepción, se han presentado numerosas solicitudes de habeas corpus en favor de personas detenidas bajo condiciones que han sido cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales. Se han documentado casos de detenciones sin orden judicial, incomunicación prolongada y severas restricciones al derecho a la defensa. Además, existen reportes de órdenes judiciales de libertad que no han sido cumplidas por las autoridades penitenciarias.

Estas circunstancias han generado preocupación sobre la posible privación arbitraria de libertad de un número significativo de personas, algunas de las cuales podrían no tener vínculos comprobados con estructuras criminales. Esta situación resalta la urgencia de una revisión judicial eficiente y efectiva para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos.

Implicaciones para la legitimidad judicial y la protección de derechos

La legitimidad de un tribunal constitucional se construye no solo a partir de sentencias doctrinalmente elaboradas, sino también por su capacidad para responder de manera oportuna a las violaciones urgentes de los derechos de la ciudadanía. La omisión o dilación sistemática en la tramitación de recursos fundamentales como el habeas corpus implica una forma de denegación de justicia, que socava la confianza en el sistema judicial y el Estado de derecho.

Por ello, es imprescindible que la Sala de lo Constitucional reoriente sus prioridades hacia la resolución expedita de las demandas acumuladas, estableciendo criterios claros de admisibilidad y decisión, y garantizando la transparencia en sus actuaciones. La publicidad en el manejo de estos recursos es clave para fortalecer la rendición de cuentas y la confianza pública.

El equilibrio entre innovación tecnológica y derechos humanos

Asimismo, resulta necesario fortalecer los mecanismos internos de control para asegurar que las innovaciones tecnológicas y los desarrollos doctrinales no desplacen el núcleo esencial de la función jurisdiccional: la protección de la dignidad humana. La incorporación de inteligencia artificial en la justicia debe ser un complemento que potencie la eficiencia sin sacrificar los derechos y garantías constitucionales.

Este llamado a un equilibrio ponderado es fundamental para que El Salvador pueda avanzar hacia un sistema judicial moderno, accesible y respetuoso de los derechos humanos, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI sin perder de vista los principios legales y éticos que sustentan la democracia.

Conclusiones

En definitiva, el pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional sobre el uso de la inteligencia artificial en la judicatura es un paso importante en la adaptación del derecho a las nuevas realidades tecnológicas. Sin embargo, la acumulación de recursos pendientes, en especial los habeas corpus, evidencia una problemática urgente que debe ser atendida para garantizar la efectividad del acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales en El Salvador.

La modernización tecnológica y la justicia no son objetivos opuestos, sino que deben integrarse con responsabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, asegurando que ninguna innovación diluya la esencia del Estado constitucional de derecho.