Shakira gana batalla judicial contra Hacienda española y recupera 60 millones de euros

Shakira gana batalla judicial contra Hacienda española y recupera 60 millones de euros

La Audiencia Nacional española ordenó devolver a Shakira 60 millones de euros tras ocho años de litigio por presunta residencia fiscal. La cantante negó fraude y el tribunal no comprobó su estancia en España más de 163 días en 2011.

18 mayo 2026
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Después de una prolongada batalla legal que se extendió por ocho años, la cantante colombiana Shakira obtuvo una importante victoria judicial contra la Agencia Tributaria española. La Audiencia Nacional dictaminó que Hacienda deberá devolverle a la artista una suma aproximada de 60 millones de euros, equivalentes a casi 70 millones de dólares, correspondientes a impuestos y sanciones que fueron cobrados de manera indebida.

Este fallo representa un revés para la administración española, que durante años sostuvo que Shakira era residente fiscal en España desde 2011, año en que la cantante llevó a cabo una gira mundial compuesta por 120 conciertos en 37 países. La Agencia Tributaria reclamaba el pago de impuestos sobre todas las ganancias obtenidas durante ese periodo bajo el argumento de que la artista había establecido su residencia fiscal en territorio español.

Disputa sobre residencia fiscal

La clave del litigio giró en torno a la cantidad de días que Shakira permaneció en España durante 2011. La legislación fiscal española establece que para ser considerada residente fiscal en el país, una persona debe pasar más de 183 días anuales en territorio nacional. Sin embargo, según el fallo de la Audiencia Nacional, Hacienda no logró demostrar que la cantante estuviera en España más de 163 días, lo que implica que no se cumplió el requisito para considerarla residente fiscal.

La Agencia Tributaria basó su acusación en la existencia de una relación sentimental entre Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien la artista tuvo dos hijos y con quien residió en Barcelona. Hacienda argumentaba que Shakira desarrollaba su vida personal y parte de su actividad económica en España, por lo que la residencia que ella alegaba en Bahamas, donde compró una isla privada, no correspondía a la realidad.

Para fundamentar sus alegatos, la Agencia Tributaria recopiló información detallada sobre los gastos, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales de la cantante, intentando demostrar que pasaba la mayor parte de su tiempo en España. Sin embargo, el tribunal consideró que esta evidencia no fue suficiente para probar la residencia fiscal en el país.

Antecedentes y otras condenas fiscales

Esta sentencia anula una resolución previa del Tribunal Económico Administrativo Central, dictada en julio de 2021, que había determinado que Shakira debía pagar impuestos correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio, sumando más de 55 millones de euros con sanciones incluidas.

Este caso no es el único conflicto de la cantante con Hacienda. En 2023, Shakira fue condenada por otro proceso relacionado con fraude fiscal, en el que la Fiscalía probó que vivía en Barcelona con Piqué y sus hijos, pero había declarado residencia en Bahamas para evadir el pago de impuestos correspondientes entre 2012 y 2014.

En ese juicio, la artista aceptó un pacto por el cual se le impuso una pena de tres años de cárcel, que no conlleva ingreso en prisión, y una multa de 7,3 millones de euros. En esa ocasión, la Fiscalía acusó a Shakira de haber dejado de pagar 14,5 millones de euros en impuestos derivados de sus giras, campañas publicitarias y derechos musicales.

El fallo actual no afecta esta condena previa ni otros posibles procesos fiscales que pueda enfrentar la cantante, pero representa su primera victoria significativa en tribunales en este tipo de litigios.

Impacto personal y traslado a Estados Unidos

La disputa con la Hacienda española ha tenido un efecto considerable en la vida personal y profesional de Shakira. La propia artista ha señalado que este proceso judicial le provocó un grave perjuicio, incluyendo un impacto en su salud y en el bienestar de su familia.

La situación incluso se reflejó en su música, donde en una de sus canciones más recientes alude a la ruptura con su pareja y a la presión mediática y fiscal que enfrentó, mencionando "la deuda en Hacienda" como uno de los factores que marcaron ese periodo.

En 2023, Shakira decidió abandonar España y trasladar su residencia a Miami, Estados Unidos, donde actualmente vive con sus hijos. Esta decisión forma parte de un cambio de entorno en medio de sus procesos legales y personales.

Posibles recursos y próximos pasos

Aunque la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la cantante, la Agencia Tributaria aún cuenta con la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. Este recurso podría prolongar el litigio y generar nuevas instancias judiciales.

Por ahora, Hacienda deberá proceder a devolver a Shakira las cantidades reclamadas junto con los intereses generados y los costos derivados del juicio. Esta devolución representa un monto considerable que pone fin a una de las controversias fiscales más mediáticas en España relacionadas con figuras internacionales.

Contexto en El Salvador y la región

Este caso cobra relevancia en América Latina debido a la proyección internacional de Shakira y la creciente atención sobre temas de residencia fiscal y cumplimiento tributario de artistas y figuras públicas. En El Salvador, donde el control fiscal y la transparencia tributaria han sido temas prioritarios en las reformas recientes, este tipo de casos refuerzan la importancia de la claridad en la legislación y la aplicación justa de la ley.

Además, la decisión judicial española puede sentar precedentes para otros procesos similares en la región, donde artistas con actividades internacionales enfrentan desafíos en la determinación de su residencia fiscal y en el pago de impuestos en distintos países.

En conclusión, la resolución judicial a favor de Shakira trae consigo no solo una devolución económica significativa sino también un mensaje sobre la carga de la prueba en casos de residencia fiscal y la protección de los derechos de los contribuyentes ante la administración tributaria.

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