Sindicalistas y organizaciones sociales denuncian debilitamiento por régimen de excepción y Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

En El Salvador, sindicalistas y miembros de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por las afectaciones que enfrentan en el contexto del régimen de excepción vigente y la reciente aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX). Según denuncian, estas medidas han derivado en la captura y procesamiento judicial de sus integrantes, además del cierre y traslado de diversas organizaciones, lo que representa un debilitamiento significativo de la sociedad civil y los espacios de participación ciudadana.

Impacto en sindicatos y organizaciones sociales

El régimen de excepción, implementado con el objetivo declarado de combatir la delincuencia, ha sido señalado por sectores sindicales y defensores de derechos humanos como un instrumento para la persecución política y social. Paralelamente, la Ley de Agentes Extranjeros, que establece impuestos y controles sobre las donaciones provenientes del extranjero, ha afectado la operatividad de numerosas organizaciones comunitarias, muchas de las cuales han optado por disolverse o trasladar sus actividades fuera del país para evitar sanciones.

Entre las organizaciones que recientemente anunciaron su disolución o salida de El Salvador se encuentran la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD),la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES),la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO) y el Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador). Estas entidades han sido parte fundamental en la promoción de derechos humanos, la defensa del ambiente y la libertad de expresión en el país.

Persecución y judicialización de sindicalistas

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha reportado que al menos 19 sindicalistas han enfrentado procesos judiciales bajo la acusación de agrupaciones ilícitas, con uno ya condenado a 30 años de prisión mediante un juicio sumario. Además, se denuncian casos de detenciones arbitrarias, coacción y despidos injustificados contra trabajadores organizados. En algunos casos, la situación se ha agravado hasta el punto de que dos sindicalistas murieron mientras se encontraban bajo custodia estatal.

Este patrón de persecución ha generado un clima de miedo entre los afiliados a sindicatos, que en muchos casos han optado por el exilio para salvaguardar su integridad. Según datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD),hasta septiembre de 2025 se habían registrado la eliminación de 16 sindicatos, la suspensión de 8 y la reestructuración de 2, además del despido de 209 trabajadores que formaban parte de estas organizaciones.

Implicaciones legales y demandas internacionales

La Unión Nacional por la Defensa de la Clase Trabajadora ha presentado 11 demandas contra el Estado salvadoreño ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT),denunciando la criminalización de la defensa laboral y la negativa a otorgar las credenciales legales necesarias para la operación formal de los sindicatos. Esta situación, advierten, constituye un uso arbitrario y desviado de las facultades institucionales, que busca limitar la acción sindical bajo un aparente marco legal.

La demora en la entrega de credenciales y la falta de reconocimiento oficial representan obstáculos adicionales para los sindicatos, que enfrentan no solo la persecución directa, sino también trabas administrativas que complican su funcionamiento y legitimidad.

Consecuencias para la sociedad y los derechos humanos

El debilitamiento de sindicatos y movimientos sociales tiene un impacto directo en la población salvadoreña, especialmente en las comunidades vulnerables que dependen de los proyectos y programas impulsados por estas organizaciones para mejorar sus condiciones de vida. La cancelación de iniciativas comunitarias y la reducción de espacios cívicos limitan la participación ciudadana y afectan el desarrollo social y democrático del país.

Organizaciones comprometidas con la defensa de derechos humanos y el desarrollo social advierten que la combinación del régimen de excepción y la Ley de Agentes Extranjeros configura un escenario de restricción para la sociedad civil, donde el control estatal se fortalece a costa de la pluralidad y la diversidad de voces en El Salvador.

Respuesta y perspectivas

El escenario actual ha generado un llamado de atención a nivel nacional e internacional para que se respeten los derechos fundamentales de asociación, sindicalización y participación ciudadana. Expertos y observadores señalan la importancia de garantizar un ambiente libre de persecución y hostigamiento para que las organizaciones sociales y sindicales puedan continuar su labor sin temor a represalias.

En este sentido, la sociedad civil y actores internacionales instan al Gobierno salvadoreño a revisar las políticas implementadas bajo el régimen de excepción y la Ley de Agentes Extranjeros, buscando un equilibrio que permita mantener la seguridad sin sacrificar los derechos humanos ni el espacio democrático.

El fortalecimiento de los sindicatos y movimientos sociales es clave para la construcción de un El Salvador inclusivo y justo, donde la voz de la ciudadanía pueda expresarse y contribuir al desarrollo sostenible y la defensa de los derechos fundamentales.