Sobrevivientes de violencia sexual en guerra civil exigen justicia y reparación ante la CIDH

El 10 de marzo, Noelia Serrano, víctima de violencia sexual perpetrada por el ejército salvadoreño durante la guerra civil, compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala para solicitar al Estado salvadoreño la garantía de justicia y reparación integral para ella y otras sobrevivientes de ese conflicto armado.

En la audiencia, Serrano expuso no solo su caso personal, sino también la situación de cientos de mujeres que sufrieron violencia sexual y que continúan enfrentando impunidad. Junto a ella, diversas organizaciones de sociedad civil enfatizaron la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad y actúe con mayor compromiso para abordar estas violaciones históricas.

Demandas de reparación integral y atención especializada

Durante su intervención, Noelia Serrano hizo un llamado urgente para recibir apoyo psicológico, médico, y social, además de ayudas para vivienda y empleo. “Llevamos nueve años de lucha con este grupo de mujeres. Necesitamos ayuda psicológica, médica, de vivienda y empleos o ayuda con fondos, pues somos mujeres que ya vamos hacia la tercera edad”, aseguró ante los comisionados, quienes reconocieron el valor de su testimonio.

Por su parte, la delegación del Estado salvadoreño manifestó su disposición al diálogo para abordar esta problemática. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, reconoció la violencia sexual como “una de las expresiones más atroces” durante los conflictos armados y detalló la existencia de dos programas estatales de reparación: el dedicado a las víctimas de la masacre de El Mozote y áreas aledañas, y el Programa de Reparaciones de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno.

Según la viceministra, este último programa ya ha otorgado 1,600 indemnizaciones a víctimas. Sin embargo, esta información fue cuestionada por representantes de la sociedad civil, quienes denunciaron que dicho programa se encuentra actualmente paralizado debido a la falta de fondos y la desaparición de las instituciones encargadas de su implementación, como el Fondo de Inversión de Desarrollo Local (FISDL) y la Secretaría de Inclusión Social.

Persistente impunidad y obstáculos judiciales

En su exposición ante la CIDH, David Morales, representante de la organización Cristosal, manifestó preocupación por la falta de voluntad estatal para avanzar en los procesos judiciales relacionados con casos de violencia sexual ocurridos durante la guerra civil. Morales explicó que muchos casos enfrentan el riesgo de ser archivados por demandas de pruebas directas que son difíciles de reunir, lo cual refleja una falta de interés en garantizar justicia efectiva.

El caso judicial de Noelia Serrano enfrenta precisamente esta dificultad, ya que se le exige aportar pruebas directas que identifiquen a sus agresores, bajo la amenaza de que su expediente pueda ser cerrado si no cumple con este requisito.

Datos recientes revelan que, a nivel nacional, solo existen diez denuncias formales relacionadas con violencia sexual en el contexto del conflicto armado, presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ninguna de estas denuncias ha mostrado avances significativos hasta la fecha.

Compromisos y acciones del Estado salvadoreño

En respuesta a estas preocupaciones, la viceministra Adriana Mira reafirmó el compromiso estatal para investigar los casos pendientes. Asimismo, el procurador general de la República, René Escobar, informó sobre la creación de una unidad especializada destinada a la atención de mujeres víctimas de violencia. Esta unidad habría brindado alrededor de 60,000 servicios en el último año, una cifra que fue reconocida por los comisionados de la CIDH y considerada para futuras recomendaciones y pronunciamientos.

El contexto nacional sigue siendo complejo en materia de violencia de género y derechos humanos. En 2025, la Procuraduría General de la República atendió a 2,204 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, lo que evidencia la persistencia de esta problemática que requiere atención integral y sostenida.

Contexto histórico y social

La guerra civil salvadoreña, que tuvo lugar entre 1980 y 1992, dejó profundas heridas sociales y una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, entre ellas la violencia sexual utilizada como arma de guerra. A más de tres décadas del fin del conflicto, la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente para el Estado salvadoreño.

La presentación ante la CIDH representa un paso importante para visibilizar estas demandas y mantener la presión internacional para que se respeten los derechos de las sobrevivientes. La voluntad política y la asignación de recursos serán clave para avanzar en la reparación integral y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.

Conclusión

El testimonio de Noelia Serrano y la participación de organizaciones de sociedad civil en la audiencia ante la CIDH han puesto de manifiesto la urgencia de que El Salvador fortalezca sus mecanismos de justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Aunque el Estado ha manifestado apertura al diálogo y ha implementado algunos programas, la falta de continuidad, presupuesto y voluntad política limita el acceso efectivo a la justicia y a la atención integral de las sobrevivientes.

Este escenario exige un compromiso renovado que incorpore acciones concretas para garantizar apoyo psicológico, médico, social y económico a las víctimas, así como reformas en el sistema judicial que faciliten el avance de los casos y eviten la impunidad. La comunidad internacional, a través de organismos como la CIDH, seguirá jugando un papel fundamental en la supervisión y acompañamiento de estos procesos.