Socorro Jurídico documenta 500 muertes de privados de libertad durante régimen de excepción en El Salvador

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha presentado un informe en el que documenta la muerte de 500 personas privadas de libertad bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador. Este conteo evidencia una situación crítica en los centros penales del país, con especial énfasis en el Centro Penal de Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, que concentra la mayor cantidad de fallecimientos.

Concentración de muertes en el Centro Penal de Izalco

De acuerdo con los datos recopilados por el SJH, 212 de las 500 muertes ocurrieron en el Centro Penal de Izalco, lo que representa un 42.4 % del total. En los últimos 15 días del periodo analizado, seis personas privadas de libertad fallecieron en este recinto, reafirmando la gravedad de la situación. Además, el informe indica que de las últimas 20 muertes reportadas, 16 se registraron en Izalco, dos en el penal de Apanteos (Santa Ana),una en La Esperanza (San Salvador) y otra en Quezaltepeque (La Libertad).

Signos de violencia y negligencia médica

El informe del SJH aporta datos preocupantes sobre las causas y circunstancias de los fallecimientos. El 31.8 % de las muertes tuvo indicios de violencia directa, incluyendo torturas, golpes y heridas por cortaduras. Por otro lado, el 31.6 % fue atribuible a negligencia o falta de atención médica adecuada, reflejando un problema estructural en el sistema penitenciario.

Las esquelas emitidas por el Instituto de Medicina Legal (IML) señalan como causa de muerte con frecuencia un edema pulmonar. Sin embargo, la organización humanitaria ha tenido acceso a informes médicos que documentan otras causas como insuficiencia renal y deshidratación crónica, entre otras condiciones relacionadas con un deficiente cuidado de la salud en prisión.

Preocupaciones por falta de inspección y crisis sanitaria

La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, ha expresado su preocupación por la ausencia de inspecciones regulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el Centro Penal de Izalco. Según Escobar, existen reportes que indican que varias personas privadas de libertad se encuentran en estado delicado de salud, situación que no ha sido debidamente monitoreada ni atendida por las autoridades correspondientes.

“Lamentamos informar que hemos documentado la muerte de 500 personas privadas de libertad durante la medida del régimen de excepción. Esto es grave porque hay que tomar en cuenta la crisis de salud que están viviendo las personas procesadas en el Centro Penal de Izalco. No se realizan inspecciones de parte de la PDDH en este recinto, lo cual es preocupante. Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen, pues tenemos información de que hay gente a punto de morir”, señaló Escobar.

Respuesta institucional y postura oficial

Ante la difusión del informe, El Oficial solicitó versiones a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto a las denuncias y la documentación de las muertes en los recintos penitenciarios. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no se recibió respuesta oficial de ninguna de las dos instituciones.

En un contexto paralelo, representantes del Estado salvadoreño han negado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se registren muertes bajo custodia estatal en las prisiones del país. Asimismo, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, declaró que no existen reportes de fallecimientos con signos de tortura o violencia sistemática vinculados al régimen de excepción, calificando tales afirmaciones como “leyendas”.

Implicaciones y contexto nacional

El régimen de excepción en El Salvador fue instaurado con el objetivo declarado de combatir la criminalidad y la violencia, especialmente vinculada a pandillas. No obstante, el informe de Socorro Jurídico Humanitario revela que el 94 % de las personas fallecidas bajo custodia no tenían perfil de pandilleros, lo que plantea serias dudas sobre la aplicación y consecuencias de esta medida extraordinaria.

La situación descrita por el SJH apunta a una crisis en el sistema penitenciario salvadoreño, donde las condiciones de detención, la falta de atención médica y la posible violencia institucional generan un alto costo en vidas humanas. La ausencia de inspecciones independientes y el silencio de las autoridades oficiales sobre estas denuncias dificultan la transparencia y el acceso a la justicia para las personas privadas de libertad y sus familias.

Recomendaciones y llamados a la acción

El informe presentado por el Socorro Jurídico Humanitario insta a las autoridades salvadoreñas a realizar investigaciones exhaustivas y transparentes sobre las muertes ocurridas en los centros penales, especialmente en Izalco, donde se concentra casi la mitad de los fallecimientos. Además, se recomienda fortalecer la labor de organismos de derechos humanos como la PDDH para garantizar inspecciones regulares y el seguimiento adecuado de la salud de los privados de libertad.

En este sentido, es fundamental que el Estado salvadoreño garantice el respeto a los derechos humanos de las personas bajo custodia, asegure condiciones dignas en los centros penitenciarios y adopte medidas efectivas para prevenir nuevos casos de violencia y negligencia. La transparencia y la rendición de cuentas serán elementos claves para restablecer la confianza en el sistema de justicia y protección estatal.

El contexto actual plantea un desafío significativo para el sistema penitenciario y las autoridades salvadoreñas, que deberán equilibrar las políticas de seguridad con el respeto irrestricto a los derechos humanos y la vida de las personas privadas de libertad.