Solicitan audiencia especial para hijo de líder comunitario detenido en La Paz por usurpación

El 24 de febrero de 2026, abogados de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) presentaron un escrito formal ante el Juzgado de Paz de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, solicitando la nulidad de los actos procesales anteriores y la libertad inmediata para Roberto Carlos Hernández Castillo, quien fue detenido bajo cargos por el delito de usurpación de inmuebles.

En la petición, la defensa solicita además que se programe una audiencia especial para la revisión de las medidas impuestas, argumentando que durante el proceso inicial se vulneraron derechos fundamentales, especialmente el derecho a la defensa técnica y el debido proceso.

Detalles del proceso judicial y alegatos de la defensa

Según el escrito presentado, la audiencia inicial realizada el 20 de febrero en el Juzgado de Paz de Santiago Nonualco se llevó a cabo sin que el imputado contara con su defensa técnica, debido a que no se le permitió presentar el escrito para el nombramiento de sus abogados defensores. Asimismo, la defensa argumenta que no se le entregó a Hernández Castillo el citatorio por escrito para dicha audiencia.

Ante estas circunstancias, el juez dictó la detención provisional del joven por un período de 30 días. La defensa sostiene que estas irregularidades configuran una violación al debido proceso y solicitan la nulidad de las resoluciones emitidas, incluyendo la orden de detención.

Declaraciones de representantes de Unidehc

El vocero legal de Unidehc manifestó su preocupación por la forma en que se llevó a cabo el proceso judicial, señalando que se trata de un caso de captura arbitraria y persecución contra comunidades organizadas. Enfatizó que la audiencia se realizó sin la presencia del joven y sin representación legal, lo que contraviene los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, adelantó que presentarán denuncias ante instancias nacionales e internacionales para garantizar que se respeten los derechos de Hernández Castillo y que se esclarezca la situación jurídica.

Situación familiar y estado de salud del detenido

Luis Alonso Hernández, vocero de la misma organización y padre del detenido, expresó su preocupación por el estado de salud de su hijo, quien permanece en condiciones que calificó como antihigiénicas. Indicó que se intentó trasladarlo a un centro hospitalario para recibir atención, pero que la situación sigue siendo crítica.

El padre también señaló que la violación a los derechos de su hijo comenzó desde el momento en que no se aceptó el escrito para la designación de sus abogados defensores, lo que impidió una defensa adecuada en la audiencia inicial.

Contexto comunitario y otros procesos judiciales

Habitantes de la Comunidad Cideco La Herradura, en la misma jurisdicción, informaron que existen otros miembros de la comunidad que enfrentan procesos judiciales por acusaciones similares de usurpación agravada de terrenos. En estos casos, sin embargo, las causas han avanzado a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención preventiva.

Este contexto refleja una tensión creciente entre las autoridades judiciales y las comunidades organizadas en la región de La Paz, donde los procesos legales relacionados con la propiedad de tierras han generado controversia y denuncias de persecución política y económica.

Respuesta institucional y seguimiento del caso

El equipo de comunicaciones del Poder Judicial fue contactado para obtener una versión oficial respecto a las denuncias presentadas por la defensa de Hernández Castillo. Al cierre de esta publicación, no se había recibido respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El caso sigue siendo monitoreado por organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes legales, quienes insisten en la necesidad de garantizar un proceso judicial justo y transparente, acorde con los estándares nacionales e internacionales.

Implicaciones y perspectivas

Este episodio pone en evidencia los desafíos que enfrentan algunas comunidades en El Salvador en materia de acceso a la justicia y respeto a los derechos fundamentales. La detención de un joven vinculado a un líder comunitario, bajo acusaciones de usurpación, ha generado un debate sobre la aplicación del debido proceso y la posible criminalización de movimientos sociales en contextos territoriales conflictivos.

La solicitud de nulidad de actos procesales y la petición de una audiencia especial para revisar las medidas cautelares se convierten en pasos clave para que el sistema judicial revise la legalidad y legitimidad del procedimiento seguido, y para garantizar que los derechos humanos sean respetados en todo momento.

En un país donde la propiedad de la tierra y los derechos comunitarios son temas sensibles, este caso representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos judiciales y evitar arbitrariedades que puedan afectar la convivencia social y la protección de los derechos ciudadanos.

El seguimiento de este caso por parte de la sociedad civil y las instituciones será fundamental para observar el respeto a los principios jurídicos y el tratamiento adecuado de las comunidades organizadas que buscan defender sus territorios y derechos.