Solicitan audiencia especial para revisar medidas y posible libertad de sindicalista Sabino Ramos tras cuatro años detenido

La defensa legal del sindicalista y gestor cultural de Panchimalco, Sabino Antonio Ramos Cruz, interpuso este martes 17 de marzo una solicitud ante el Tribunal Quinto de Sentencia contra el Crimen Organizado, juez uno, para que se programe una audiencia especial con el fin de revisar las medidas que se le han impuesto y evaluar la posibilidad de decretar su libertad. Ramos Cruz se encuentra detenido desde hace casi cuatro años, acusado del delito de agrupaciones ilícitas.

El abogado defensor, Guillermo García, explicó que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que acrediten la supuesta pertenencia de Ramos Cruz a estructuras criminales. Según el representante legal, la Fiscalía no ha logrado demostrar que el sindicalista haya cometido algún delito ni que forme parte de pandillas, lo cual es fundamental para justificar la prolongación de su detención.

"No se han presentado elementos suficientes para acreditar que Sabino haya cometido algún delito o sea parte de alguna estructura de pandillas. Sabino Ramos es una persona adulta mayor, tiene 74 años, y es complicado que después de cuatro años no se haya definido su situación jurídica. Hemos presentado todos los arraigos personales, actualizados e idóneos, tal como lo establece la ley y la jurisprudencia de la Cámara contra el Crimen Organizado", afirmó García.

Antecedentes del caso

Ramos Cruz fue capturado la mañana del 28 de abril de 2022 cuando se dirigía a su trabajo en la Alcaldía de Panchimalco, municipio ubicado en el departamento de San Salvador. Desde entonces, permanece detenido en el Centro Penal de Usulután. La acusación que pesa en su contra es la de agrupaciones ilícitas, un delito contemplado en el régimen de excepción que ha sido implementado en el país.

El defensor detalló que, pese a que se le ha señalado como colaborador de pandillas, tras una exhaustiva verificación de datos se ha evidenciado que Ramos Cruz no cuenta con órdenes de captura previas, no tiene tatuajes asociados a pandillas y no aparece perfilado en las bases de datos policiales relacionadas con actividades criminales.

Impacto en la familia y condiciones de detención

La defensa también ha manifestado preocupación por el estado de salud del sindicalista, debido a su avanzada edad y a las condiciones en las que se encuentra en el penal. Además, el traslado para que la familia pueda visitarlo o entregarle paquetes se ha complicado por la ubicación del centro penal en Usulután, lo que implica largos desplazamientos desde Panchimalco.

"No conocemos el estado de salud de Sabino Ramos y consideramos que podría estar enfrentando complicaciones debido a su edad y las condiciones de detención", dijo el abogado. Esta situación también ha generado un impacto emocional y económico en su familia, quienes tienen dificultades para mantener el contacto y apoyo durante su proceso judicial.

Contexto laboral y derechos humanos

Representantes de organizaciones de defensa laboral han denunciado que el régimen de excepción ha afectado derechos laborales y familiares de numerosos trabajadores, especialmente sindicalistas. Sonia Viñerta, de la Unidad por la Defensa de la Clase Trabajadora, señaló que el caso de Sabino Ramos ejemplifica las violaciones a derechos fundamentales que se han registrado durante este período.

"Apoyamos la reivindicación de los derechos de Sabino Ramos y las garantías constitucionales. No solo es un mecanismo internacional que ha señalado un retroceso en derechos laborales, sino que también la familia se ha visto afectada. Estamos ante un Estado que violenta personas humildes que han luchado por sus derechos", declaró Viñerta.

Implicaciones legales y sociales

El caso de Sabino Ramos se enmarca en un contexto complejo de seguridad y derechos humanos en El Salvador. El régimen de excepción, instaurado para fortalecer la lucha contra las pandillas, ha generado múltiples cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales debido a los posibles excesos cometidos en detenciones y procesos judiciales.

Abogados penalistas y defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de garantizar el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales, especialmente para personas adultas mayores y aquellas sin antecedentes penales comprobados. La prolongación indefinida de detenciones sin una resolución clara afecta no solo la integridad de los procesados, sino también la confianza en el sistema judicial.

En este sentido, la solicitud de audiencia especial para revisar las medidas impuestas a Sabino Ramos busca no solo un pronunciamiento judicial sobre su situación específica, sino también visibilizar las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.

Perspectivas

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado deberá evaluar la solicitud presentada por la defensa y determinar si procede la realización de una audiencia especial para analizar la situación jurídica de Ramos Cruz. Este proceso podría abrir la posibilidad de que se revise su condición de detenido y se decreten medidas alternativas, incluida la libertad bajo ciertas condiciones.

Mientras tanto, organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos y familiares continúan monitoreando el caso, enfatizando la importancia de que se respeten las garantías procesales y se atienda el estado de salud y bienestar del sindicalista.

El caso de Sabino Ramos pone en evidencia la tensión existente entre la política de seguridad implementada y la garantía efectiva de derechos individuales, lo que representa un desafío para el sistema judicial y para la sociedad salvadoreña en su conjunto.