Solicitan eliminar reserva de datos sobre desapariciones para mejorar acceso y justicia en El Salvador

Solicitan eliminar reserva de datos sobre desapariciones para mejorar acceso y justicia en El Salvador

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas exige eliminar la reserva de información sobre desapariciones y fosas clandestinas para facilitar la justicia y el acceso a datos por parte de familiares en El Salvador.

17 febrero 2026
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El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador instó al Estado a eliminar la reserva de información sobre los casos de desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas, vigente desde 2022. Esta solicitud responde a la preocupación de que dicha clasificación limita la actualización de procesos judiciales y restringe el acceso de información técnica a los familiares de las víctimas, dificultando el avance en las investigaciones y la obtención de justicia.

Durante la conmemoración del cuarto aniversario del Bloque, realizada en un evento abierto a la prensa, madres de personas desaparecidas denunciaron que la falta de transparencia y la respuesta institucional insuficiente han contribuido a que una gran mayoría de casos permanezcan sin resolver. Según datos proporcionados por el Bloque, de 56 casos activos registrados, solo uno ha sido judicializado con responsables detenidos, evidenciando la lentitud y limitaciones del sistema judicial en estos temas.

Reserva de información y sus consecuencias

El régimen de reserva aplicado a cifras oficiales sobre homicidios, desapariciones y otros delitos ha estado vigente desde marzo de 2022, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) comenzó a clasificar como reservada la información estadística relacionada. Este procedimiento ha sido documentado a través de solicitudes de acceso a datos oficiales y denunciado por diversas organizaciones que advierten sobre una creciente opacidad institucional. Algunos de estos datos permanecen bajo reserva hasta el año 2029.

El Bloque de Búsqueda sostiene que esta reserva invisibiliza el delito de desaparición y obstaculiza la priorización y aprobación de marcos legales indispensables, como la Ley para Personas Desaparecidas, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones a la Asamblea Legislativa sin avances significativos.

Carmen Argueta, madre de una víctima, expresó que al no brindar datos ni registros públicos sobre desapariciones, el Estado proyecta una imagen de que estos hechos no existen, lo cual invisibiliza a las víctimas y sus familias ante la sociedad. Además, esta falta de transparencia impide que la población tome conciencia de la magnitud del problema, que persiste en la actualidad.

Expectativas y limitaciones durante el régimen de excepción

Con la implementación del régimen de excepción, que permitió la captura masiva de pandilleros, se generó la expectativa de que las autoridades podrían contar con información sobre las fosas clandestinas y compartirla con las familias y organizaciones que realizan búsquedas. Sin embargo, según el Bloque, esta expectativa no se ha materializado y la reserva de información ha impedido que esos posibles avances se traduzcan en hallazgos concretos.

En palabras de Argueta, “el régimen no ha aportado nada a nuestra búsqueda”, lo que refleja la frustración de familiares que buscan respuestas y justicia en medio de un contexto de opacidad y falta de apoyo institucional.

Demandas y propuestas del Bloque de Búsqueda

Ante esta situación, el Bloque ha formulado una serie de peticiones al Estado salvadoreño. Entre ellas, destacan la prevención, investigación y sancionamiento efectivo de los casos de desaparición, así como la creación de políticas públicas integrales que brinden apoyo a las familias, quienes en muchas ocasiones asumen la tarea de búsqueda ante la ausencia o insuficiencia de respuesta institucional.

Además, solicitan que las autoridades reconozcan públicamente que las desapariciones continúan ocurriendo en El Salvador y que miles de personas siguen en condición de desaparecidas, con casos que permanecen en la impunidad. Esta visibilización es clave para impulsar acciones concretas y generar conciencia nacional sobre el problema.

Finalmente, el Bloque exige la asignación de un presupuesto adecuado para fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y atención de estos casos, como la Fiscalía General de la República (FGR),el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Policía Nacional Civil (PNC),cuya capacidad operativa es fundamental para avanzar en la resolución de las desapariciones.

Origen y labor del Bloque de Búsqueda

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue creado en 2022 como respuesta a la limitada atención institucional que enfrentaban las familias durante sus procesos de búsqueda. Sus integrantes lo definen como un espacio de resistencia y acompañamiento, especialmente para mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos.

Este colectivo se ha consolidado como una plataforma organizativa que ofrece herramientas legales y psicosociales para enfrentar las múltiples consecuencias de la desaparición, incluyendo el desplazamiento forzado, amenazas, extorsiones, revictimización y culpabilización social.

En sus labores territoriales, el Bloque realiza actividades como la pegada masiva de afiches y la difusión de alertas tempranas a través de redes sociales. Estas acciones han permitido localizar a ocho personas, aunque lamentablemente todas fallecidas, cuyos casos estaban registrados en su base de datos.

Contexto nacional y desafíos

El fenómeno de desapariciones en El Salvador se enmarca en un contexto de violencia estructural asociada, en gran medida, a la actividad de grupos criminales y la respuesta estatal en materia de seguridad. A pesar de los esfuerzos oficiales, las familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a información clave y lograr avances judiciales.

La reserva de datos y la falta de marcos legales específicos dificultan la transparencia y la rendición de cuentas, prolongando el sufrimiento de las víctimas y sus allegados. En este sentido, la petición del Bloque de Búsqueda representa un llamado urgente a la revisión de políticas y prácticas que permitan mejorar el acceso a la justicia y el acompañamiento a quienes buscan a sus seres queridos.

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