Solo 32% de casos presentados en Fiscalía de El Salvador avanzan a juicio, revela informe de Acción Ciudadana

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador judicializó apenas el 32 % de los casos que inició en investigación durante el periodo 2020-2025, según revela un informe reciente elaborado por la organización Acción Ciudadana (AC) sobre la operatividad y eficacia de esta institución pública.

De un total de 440,706 casos abiertos en dicho lapso, únicamente 136,901 lograron avanzar a la sede judicial para continuar con el proceso legal. El restante 68 %, que equivale a 303,805 casos, no fue presentado ante un tribunal, lo que refleja una significativa brecha entre las investigaciones iniciales y la judicialización efectiva.

Análisis de las causas y factores que inciden en la baja judicialización

El informe enfatiza que, aunque diversos factores pueden influir en que un caso no sea judicializado, la gestión interna de la FGR resulta determinante, especialmente en las diligencias iniciales de investigación. Este primer paso es clave para que los casos puedan sostenerse en sede judicial y, a su vez, avanzar en los procesos penales.

Otro elemento que contribuye a la baja tasa de casos judicializados es el uso frecuente de salidas alternas, mecanismos que permiten la conclusión anticipada de procesos fuera de la vía judicial ordinaria. Esta práctica, según el análisis de AC, resulta en que la mayoría de los casos finalice de manera anormal, reduciendo considerablemente las posibilidades de obtener sentencias condenatorias.

Sin embargo, el informe destaca que en 2025 se registró un aumento en la efectividad de la Fiscalía en aquellos casos que sí llegaron a la instancia judicial, con un incremento del 34 % en las sentencias condenatorias respecto a años anteriores. Este dato sugiere una mejora en la calidad del trabajo judicial cuando los casos son procesados en tribunales.

Comparativo regional: desempeño de fiscalías en el Triángulo Norte

Para contextualizar la situación en El Salvador, se realizó una comparación con los datos más recientes de las fiscalías de Honduras y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica.

En Honduras, el Ministerio Público (MP) reportó que en 2022 ingresaron 60,295 casos, pero solo 10,399 (17.25 %) llegaron a juzgados. En 2023, la cifra de casos presentados fue de 60,926 y 12,304 (20.19 %) alcanzaron instancia judicial. Estos datos provienen de un monitoreo del desempeño del MP hondureño realizado por Abogados Sin Fronteras Canadá y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Por su parte, Guatemala registró en 2024 un total de 519,946 denuncias recibidas por el Ministerio Público, de las cuales solo 21,878 (aproximadamente el 4 %) llegaron a instancias judiciales, según cifras presentadas por la Convergencia por los Derechos Humanos.

Estos indicadores reflejan que la baja judicialización de casos no es un fenómeno aislado de El Salvador, sino que responde a desafíos estructurales comunes en la región relacionados con la eficiencia y capacidad de los sistemas de justicia penal.

Presupuesto y carga laboral: retos para la Fiscalía General de la República

El informe de Acción Ciudadana también examinó la asignación presupuestaria y la carga laboral dentro de la Fiscalía durante los últimos cinco años. Aunque la institución no publica cifras exactas sobre la cantidad de fiscales auxiliares, se estima que cuenta con aproximadamente 853 agentes fiscales.

Durante el periodo 2024-2025, cada fiscal auxiliar tuvo en promedio asignados 108 casos, lo que representa una ligera disminución en comparación con años anteriores. En términos prácticos, esto significa que cada fiscal recibe un caso nuevo aproximadamente cada tres días.

Estas cifras sugieren que la FGR opera con una alta carga de trabajo, lo que podría afectar la profundidad y calidad de las investigaciones, así como la capacidad para sostener los casos en sede judicial.

Respecto al presupuesto, aunque la Fiscalía ha experimentado incrementos presupuestarios constantes a excepción de 2025, la efectividad de la institución en términos de judicialización y sentencias condenatorias se mantiene prácticamente estancada en los últimos cinco años. Esto apunta a la necesidad de revisar no solo la asignación de recursos, sino también la eficiencia en el uso de los mismos para mejorar los resultados en la persecución del delito.

Implicaciones y perspectivas para el sistema de justicia en El Salvador

Los datos presentados evidencian que el sistema de justicia penal en El Salvador enfrenta retos importantes en la transición de casos desde la investigación inicial hasta la judicialización y condena. La baja tasa de casos que llegan a juicio puede afectar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para impartir justicia y combatir la impunidad.

El aumento en las sentencias condenatorias en 2025 es un indicio positivo que puede señalar avances en la calidad de los procesos judiciales, pero la persistencia de un alto porcentaje de casos que terminan de manera anticipada o sin llegar a juicio requiere atención y acciones concretas.

Este escenario plantea la necesidad de fortalecer la Fiscalía General de la República en aspectos operativos, investigativos y administrativos, así como de impulsar reformas que garanticen mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los casos penales.

Asimismo, es fundamental abordar las causas estructurales que limitan la judicialización efectiva, tales como la sobrecarga laboral, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, y la implementación adecuada de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que deben ser utilizados con criterios claros para no comprometer el acceso a la justicia.

En conclusión, la mejora en la tasa de judicialización y condenas en El Salvador dependerá de una combinación de factores institucionales, presupuestarios y de políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema de justicia penal, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y la efectiva sanción de los delitos.