Texas implementa verificación de estatus migratorio para licencias profesionales a partir de mayo

La Comisión de Licencias y Regulación de Texas (TDLR) aprobó una nueva norma que exigirá a las personas que soliciten licencias profesionales demostrar su estatus migratorio legal en Estados Unidos. La medida, adoptada por unanimidad el pasado martes, entrará en vigor el 1 de mayo y afectará a una amplia gama de ocupaciones, desde electricistas hasta criadores de perros.

Esta decisión ha generado un intenso debate en el estado, ya que mientras las autoridades argumentan que la norma busca cumplir con la legislación federal y prevenir fraudes, diversos sectores económicos y representantes de trabajadores expresan preocupación por el impacto que tendría en la fuerza laboral y la economía texana.

Contexto y fundamentos legales

El TDLR fundamenta esta regulación en la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996, que prohíbe otorgar ciertos beneficios estatales, como licencias profesionales, a personas que se encuentren ilegalmente en el país, salvo excepciones establecidas en la ley federal. Según explicaron representantes de la agencia, esta actualización busca fortalecer la verificación de elegibilidad para licencias y asegurar prácticas consistentes en todos los programas que supervisan.

Caroline M. Espinosa, portavoz del TDLR, destacó que la implementación de esta norma se enmarca en un esfuerzo más amplio del departamento para modernizar su sistema de licencias y reforzar la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral. "Esto garantiza prácticas coherentes y seguras y fortalece nuestra capacidad para identificar y disuadir el fraude", señaló.

El abogado del TDLR, Derek Burkhalter, aclaró que la norma no impone un requisito de ciudadanía estricto, sino que permite que personas con estatus migratorio válido, como asilados, refugiados o víctimas de trata, puedan acceder a licencias si presentan la documentación requerida.

Implicaciones y reacciones

El cambio normativo podría afectar a miles de trabajadores en Texas, un estado donde se estima que alrededor de 1.7 millones de personas laboran sin autorización legal, desempeñándose en sectores clave como la construcción, la hotelería y otros regulados por el TDLR.

Steve Bruno, subdirector ejecutivo de la agencia para servicios de licencias y regulación, informó que actualmente menos del 2 % de las licencias emitidas carecen de un número de Seguro Social vinculado, aunque reconoció que no se puede asumir que estas personas estén infringiendo la ley, dado que existen diversos programas federales que permiten a los no ciudadanos vivir y trabajar legalmente en el país.

La agencia emitió más de un millón de licencias en el año fiscal 2025, y mantiene en su sitio web una guía para solicitantes que no poseen número de Seguro Social, que incluye la presentación de documentos como tarjetas de residencia permanente o visas de inmigrante.

Sin embargo, la comunidad afectada y representantes de múltiples industrias han expresado preocupación por el impacto que la norma pueda tener. En una audiencia, la mayoría de los 450 comentarios recibidos se opusieron a la medida, argumentando que podría empujar a trabajadores a operar sin licencia, lo que afectaría la supervisión estatal y la calidad de los servicios.

Rocío Gómez, residente de Austin y especialista en extensiones de pestañas, relató la angustia que esta medida ha generado entre sus estudiantes indocumentados, algunos de los cuales han expresado incertidumbre sobre su futuro laboral y legal.

Representantes de sectores como cosmetología, reciclaje de piezas automotrices y criadores de perros también advirtieron sobre las dificultades que enfrentan los solicitantes para cumplir con los requisitos actuales, que incluyen extensas horas de formación y pruebas de seguridad, y el riesgo de que personas sin licencia realicen trabajos sin supervisión.

Reacciones oficiales y políticas

La nueva norma ha sido respaldada por sectores que defienden un control migratorio estricto. Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que la medida protege la integridad del sistema de licencias y asegura que los empleos sean para ciudadanos estadounidenses y trabajadores legales.

Por otro lado, la senadora estatal demócrata Sarah Eckhardt manifestó su oposición, señalando que podría reducir la fuerza laboral calificada del estado entre un 8 % y un 10 %, lo que afectaría el suministro de profesionales en sectores de alta demanda.

Las agencias estatales deben presentar los cambios normativos ante la oficina del gobernador para su revisión y posterior apertura a comentarios públicos, lo que podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre migración y empleo en Texas.

Perspectivas y seguimiento

El presidente de la Comisión de Licencias y Regulación, Rick Figueroa, reconoció la complejidad del tema y aseguró que se realizarán actualizaciones periódicas para monitorear la implementación de la norma, enfatizando la importancia de ajustar el proceso conforme se avance.

El nuevo requisito de verificación migratoria en Texas se suma a otras medidas estatales que han endurecido la regulación en aspectos como la emisión de licencias de conducir comerciales y los registros vehiculares, en línea con directrices federales recientes que buscan limitar beneficios a personas indocumentadas.

La aplicación de esta normativa representa un desafío para la economía y la sociedad del estado, que cuenta con una fuerza laboral diversa y dependiente en gran medida de trabajadores inmigrantes. Su impacto será objeto de seguimiento por parte de las autoridades y sectores productivos en los próximos meses.