Trabajadores del Órgano Judicial demandan por inconstitucionalidad tras eliminación de asignación presupuestaria fija

Este viernes 6 de marzo de 2026, un grupo de trabajadores del Órgano Judicial presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Decreto 482, aprobado por la Asamblea Legislativa en 2025. Dicho decreto modificó el Artículo 172 de la Constitución de la República, eliminando la asignación presupuestaria fija del 6 % del Presupuesto General de la Nación destinada al Órgano Judicial.

Los demandantes argumentan que esta reforma vulnera la independencia de poderes, principio fundamental para garantizar la imparcialidad y autonomía del sistema judicial en El Salvador. Además, sostienen que se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que la reducción y limitación presupuestaria impactan directamente en el funcionamiento y operatividad de la institución.

Cuestionamientos sobre el proceso legislativo

En la demanda también se señala una falta de deliberación parlamentaria adecuada. El documento indica que la reforma se aprobó con dispensa de trámite en un plazo de apenas seis horas, durante dos sesiones realizadas en una misma tarde, sin permitir la participación ciudadana ni la discusión pública necesaria para una modificación constitucional de esta naturaleza.

Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores del Órgano Judicial, quienes denuncian que el recorte presupuestario ya está teniendo efectos negativos en la operatividad institucional y en el acceso a la justicia para la población.

Impacto en el funcionamiento y servicios judiciales

La secretaria general del Sindicato de Empleados del Órgano Judicial (SINEJUS) explicó que las limitaciones presupuestarias han provocado la paralización de contrataciones para servicios esenciales. Entre los ejemplos están la falta de mantenimiento para equipos de aire acondicionado, la imposibilidad de renovar mobiliario y la suspensión de contratos con proveedores para el mantenimiento de vehículos en las zonas Central y Paracentral del país.

“No sirve de nada que la Corte esté adquiriendo nuevos aires acondicionados si no se pueden contratar servicios para su mantenimiento”, manifestó la sindicalista, quien añadió que Hacienda no ha liberado los fondos necesarios para atender estas contrataciones cuando la Corte los ha solicitado.

Además, manifestó que históricamente el Órgano Judicial nunca ha recibido siquiera el 6 % del Presupuesto General, lo que evidencia una práctica de subfinanciamiento que se profundiza con esta reforma.

Repercusiones para empleados y usuarios

Según los trabajadores, la crisis presupuestaria afecta tanto a los funcionarios judiciales como a los ciudadanos que requieren de servicios judiciales. Se han congelado plazas laborales que quedan vacantes por retiro obligatorio a los 60 años, y se ha implementado un recorte en la cantidad de empleos. Esta situación genera acumulación de trabajo y provoca atrasos en la resolución de procesos judiciales.

El proyecto final del Presupuesto General de la Nación 2026, presentado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por la Asamblea Legislativa, incluye un recorte de 1,045 plazas en el Órgano Judicial, consolidando la reducción de recursos humanos en la institución.

Reacciones de organizaciones sindicales y sociales

La presidenta de la Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador (UNITRASAL) se pronunció sobre el estado de crisis que atraviesa el Órgano Judicial, respaldando la demanda presentada y haciendo un llamado a la Sala de lo Constitucional para que resuelva el caso conforme a derecho.

Enfatizó que la independencia judicial es un principio constitucional que debe ser respetado para garantizar que jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones sin presiones externas ni limitaciones presupuestarias que afecten la justicia para la población.

Contexto de la reforma y su aprobación legislativa

El 16 de diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la reforma constitucional que eliminó la asignación fija del 6 % del Presupuesto General del Estado para el Órgano Judicial. Además, se aprobó un recorte presupuestario por $164 millones en el presupuesto de esa institución, sin especificar en qué rubros se aplicarían las reducciones ni realizar consulta previa con la Corte Suprema de Justicia.

Esta modificación representa un cambio significativo en la financiación del sistema judicial salvadoreño, que tradicionalmente ha contado con una asignación estable para garantizar su independencia y funcionamiento adecuado.

Implicaciones para la independencia judicial en El Salvador

La independencia del Órgano Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho en El Salvador. La asignación presupuestaria fija, establecida en la Constitución, tiene como objetivo asegurar que el poder judicial cuente con recursos suficientes y autónomos para operar sin interferencias políticas o económicas que comprometan su autonomía.

La demanda presentada busca preservar este principio y evitar que decisiones legislativas puedan limitar el acceso a la justicia o condicionar la función judicial, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos.

Próximos pasos legales

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá analizar el recurso interpuesto para determinar si la reforma al Artículo 172 de la Constitución cumple con los requisitos legales y constitucionales. En su decisión, la Sala evaluará los argumentos de los trabajadores sobre la violación a la independencia judicial y la posible afectación al derecho a la tutela judicial efectiva.

El resultado de este proceso tendrá un impacto directo en la estructura y financiamiento del Órgano Judicial, así como en la garantía de un sistema judicial eficiente y autónomo en El Salvador.

En conclusión, la demanda de inconstitucionalidad presentada por los trabajadores y respaldada por organizaciones sindicales y sociales representa un llamado a proteger los principios constitucionales que garantizan la independencia y buen funcionamiento del Órgano Judicial, fundamentales para la vigencia del Estado de Derecho y el acceso a la justicia en el país.