Transportistas denuncian deuda de $25 millones en subsidios y crisis financiera en El Salvador

El sector del transporte público de pasajeros en El Salvador enfrenta una grave crisis financiera debido al retraso en el pago de los subsidios por parte del Gobierno, que asciende a aproximadamente 25 millones de dólares, según informaron empresarios del rubro consultados por El Oficial.

Los transportistas, que solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, detallaron que el impago de la compensación económica se extiende a ocho meses. Este subsidio consiste en una compensación de 250 dólares mensuales por cada microbús y 500 dólares por cada bus, con el objetivo de mantener tarifas subsidiadas para los usuarios, que en las zonas urbanas se sitúan normalmente en 0.20 dólares por persona en bus y 0.25 dólares en microbús.

Impacto financiero y reducción de unidades

El retraso en el pago de estos subsidios ha llevado al sector a una crisis que se refleja en la disminución significativa de unidades operativas. Según las fuentes, este año se inició con cerca de 300 unidades menos y desde 2023 se han contabilizado más de 1,500 unidades perdidas a nivel nacional. Esto representa una reducción considerable en la capacidad de transporte, que afecta aproximadamente 750,000 movilizaciones diarias, concentradas en la zona urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y otras áreas urbanas del país.

La falta de subsidios ha dificultado la renovación de las unidades, lo que ha agravado la situación operativa y financiera de las empresas de transporte. Adicionalmente, los empresarios señalan que la competencia ilegal y la congelación de la tarifa han imposibilitado cubrir los costos de operación. “Muchas de las rutas ya no son sostenibles económicamente y se operan únicamente para cumplir con requisitos legales. Existe el riesgo de un paro económico en el sector”, advirtieron.

Falta de diálogo efectivo con autoridades

Los empresarios del transporte indicaron que las reuniones con el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no han avanzado significativamente. Aunque hubo acercamientos con algunos transportistas urbanos para discutir el tema de las cuencas —un sistema de agrupamiento de rutas en distintas zonas del AMSS— no se han logrado avances concretos.

Además, los transportistas enfatizaron que la problemática no se limita a la capital, sino que es un fenómeno nacional que afecta a las zonas urbanas en todo el país. Señalaron que no existen incentivos ni un mecanismo efectivo para mantener la estabilidad financiera del sector, especialmente en lo que respecta al complemento necesario para sostener la tarifa congelada.

Propuestas y desafíos estructurales

Entre las propuestas presentadas al MOP y al VMT, los transportistas han planteado trasladar el subsidio directamente a los usuarios para liberar la tarifa y así poder cubrir los costos operativos y los créditos para la adquisición y mantenimiento de unidades. Sin embargo, hasta el momento estos planteamientos no han sido materializados en políticas efectivas.

El aumento en el costo de las unidades y las dificultades para acceder a créditos han sido identificados como factores que complican aún más la renovación y expansión de la flota vehicular. Actualmente, según los empresarios, hay alrededor de 4,500 microbuses y buses que operan en el AMSS, donde se concentra el mayor impacto por la pérdida de unidades.

Venta de unidades y riesgo para el servicio público

La gravedad de la situación ha impulsado la venta masiva de unidades y empresas de transporte a través de redes sociales, hecho que refleja la profunda crisis del sector. Los empresarios advirtieron que esta dinámica podría afectar la calidad y cobertura del servicio de transporte público en el país.

Por otro lado, El Oficial intentó contactar al área de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas para conocer su versión sobre el atraso en el pago de la compensación económica, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Conclusiones

La deuda acumulada por el Gobierno con los empresarios del transporte público pone en evidencia un problema estructural que afecta la movilidad urbana y la economía de los usuarios en El Salvador. La falta de subsidios y el estancamiento en las negociaciones con las autoridades amenazan con deteriorar aún más un sector clave para la conectividad del país, con impactos directos en la población que depende diariamente del transporte público.

En un contexto donde la tarifa se mantiene congelada y los costos operativos continúan aumentando, el equilibrio financiero para los transportistas luce insostenible, lo que podría derivar en mayores restricciones en el servicio y posibles movilizaciones en el futuro cercano.