Transportistas solicitan al Gobierno establecer precio tope para diésel ante alza de combustibles

El sector del transporte público de pasajeros en El Salvador enfrenta una creciente presión económica debido al aumento sostenido en los precios del diésel, principal insumo que representa cerca del 68 % de los gastos operativos de las unidades. En respuesta a esta situación, empresarios del gremio formalizaron una propuesta ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicitando la implementación de un precio tope para el combustible, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio.

La propuesta fue entregada el pasado 17 de abril, y busca establecer un mecanismo que permita mitigar el impacto que tienen las fluctuaciones del mercado internacional, exacerbadas actualmente por la crisis en Medio Oriente, sobre los costos operativos del transporte público colectivo. La petición fue confirmada públicamente el 23 de abril por representantes de la Mesa Nacional del Transporte (MNT),quienes enfatizaron la necesidad urgente de apoyo gubernamental para evitar un deterioro mayor del servicio.

Contexto histórico y situación actual

Según explicó el vocero del gremio, la última actualización tarifaria del transporte público se remonta a más de dos décadas, cuando el precio del diésel rondaba los $2.31 por galón. En aquella ocasión, la tarifa se estableció en $0.20 centavos, un valor que desde entonces no ha sufrido modificaciones significativas. Sin embargo, el valor actual del combustible supera los $4.30 por galón, lo que ha generado un desequilibrio financiero considerable para los operadores.

Esta disparidad entre el costo del combustible y la tarifa regulada ha provocado que muchas empresas del transporte enfrenten pérdidas, dificultando el mantenimiento adecuado de las unidades y poniendo en riesgo la continuidad del servicio. El vocero de la MNT detalló que las empresas ya no pueden costear mejoras básicas como el forrado de asientos, la instalación de timbres o la colocación de pasamos, lo que evidencia el deterioro progresivo del sector.

Impacto económico y social

La crisis en los precios del combustible ha generado un escenario complejo para los transportistas, quienes advierten que, de no recibir algún tipo de subsidio o mecanismo de estabilización, la pérdida de unidades continuará. Actualmente, estiman una reducción cercana a las 2,000 unidades en circulación, proyectando la pérdida de aproximadamente 700 unidades adicionales para el año 2027.

Este fenómeno afecta a todas las rutas del país, sin excepción, y provoca un debilitamiento en la cobertura y calidad del servicio que reciben los usuarios. En este sentido, el sector solicita un diálogo abierto con el Gobierno para encontrar soluciones que permitan mantener el equilibrio entre tarifas justas y la viabilidad económica del transporte público.

Respuesta del Gobierno y propuestas complementarias

El pasado 21 de abril, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, descartó la posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público en el corto plazo. En una entrevista concedida a medios nacionales, señaló que antes de considerar incrementos tarifarios o mayores subsidios, se debe mejorar la eficiencia operativa del sector, promoviendo una gestión similar a la de empresas privadas que optimizan recursos y procesos.

Por su parte, el gremio del transporte ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades y evaluar cualquier alternativa que garantice la sostenibilidad del servicio, sin afectar a los usuarios. En palabras del vocero de la MNT, "el sector tiene todas las puertas abiertas y no se cierra a ninguna opción viable, ya que la situación actual es insostenible y las pérdidas ya son evidentes".

Situación del subsidio y su impacto en la operación

Otro factor crítico que agrava la situación del transporte público es el retraso en el pago del subsidio gubernamental asignado al sector. Actualmente, se registran atrasos que oscilan entre tres y cinco meses en diferentes rutas, lo que dificulta la operatividad y mantenimiento de las unidades.

Hasta la fecha, el gobierno ha desembolsado poco más de $2.8 millones correspondientes a un mes, pero el monto total pendiente supera los $8 millones. Esta falta de liquidez afecta directamente la capacidad de los empresarios para atender sus compromisos y mantener el servicio en condiciones óptimas, incrementando la vulnerabilidad del sector.

Perspectivas y llamado a la acción

El sector del transporte público en El Salvador se encuentra en un punto crítico que demanda respuestas concretas y coordinadas entre autoridades y empresarios. La propuesta de establecer un precio tope al diésel busca ser una medida temporal que permita estabilizar los costos y evitar un colapso del servicio que impactaría negativamente a miles de usuarios diariamente.

Asimismo, la situación resalta la necesidad de revisar el marco regulatorio vigente, en especial el sistema tarifario, para ajustarlo a las condiciones económicas actuales y futuras, garantizando un equilibrio entre la protección al consumidor y la viabilidad financiera del sector.

En conclusión, el diálogo entre el Gobierno y los empresarios del transporte se presenta como la vía fundamental para encontrar soluciones integrales que permitan superar la crisis actual, protegiendo un servicio esencial para la movilidad de la población salvadoreña y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.