Tres años sin transparencia: Gobierno no publica informe mensual del sistema de pensiones en El Salvador

El sistema de pensiones en El Salvador enfrenta un importante vacío informativo desde hace más de tres años, tras la suspensión de la publicación del informe mensual que detallaba la evolución de los cotizantes, los montos acumulados y el número de jubilados. Esta decisión, que data de abril de 2023, ha generado inquietudes entre economistas y expertos en seguridad social, quienes señalan que la falta de datos públicos dificulta la evaluación y la planificación de futuras reformas.

Importancia de la información pública para el sistema previsional

Hasta abril de 2023, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) se encargaba de publicar un informe mensual que ofrecía indicadores clave sobre el sistema de pensiones privado en El Salvador. Estos informes incluían datos sobre la cantidad de cotizantes activos, el monto acumulado en las cuentas individuales desde 1998, y el número de personas jubiladas, entre otros aspectos relevantes. La transparencia de esta información era fundamental para comprender cómo evolucionaba el sistema previsional, especialmente en un contexto donde se prevé una reforma estructural para 2024, en cumplimiento con los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La suspensión de la publicación de estos informes limita la capacidad de análisis público y privado, afectando la evaluación independiente de la sostenibilidad y eficiencia del sistema. En particular, la ausencia de datos sobre las características de los cotizantes y jubilados impide conocer indirectamente el estado del empleo formal en el país, un indicador socioeconómico relevante para El Salvador.

Repercusiones del acuerdo con el FMI en la presentación de datos

El acuerdo con el FMI ha implicado que el gobierno de El Salvador integre nuevamente el gasto en pensiones dentro del balance fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF). Además, el Banco Central de Reserva ha comenzado a presentar el saldo de la deuda previsional en sus balances oficiales. Esto ha permitido conocer con mayor precisión el gasto público en pensiones y los intereses asociados.

Sin embargo, esta mayor claridad en las cuentas fiscales no ha sido acompañada de la transparencia en datos relacionados con la población cotizante y jubilada. La falta de estos detalles afecta la posibilidad de realizar análisis más profundos que permitan evaluar la cobertura, la tasa de contribución y la salud financiera del sistema en su conjunto.

Datos recientes a partir del estudio actuarial conjunto SSF-FMI

Ante la ausencia de informes mensuales, el estudio actuarial desarrollado en conjunto entre la Superintendencia del Sistema Financiero y el FMI se ha convertido en la principal fuente de información para comprender el estado actual del sistema previsional. Este estudio, que incluye datos hasta el 31 de diciembre de 2024, presenta cifras clave que ayudan a dimensionar la magnitud y los retos del sistema.

• Un total aproximado de 2.1 millones de personas no jubiladas poseen una cuenta SAP (Sistema de Ahorro para Pensiones),mientras que existen alrededor de 86,500 afiliados retirados.
• El patrimonio acumulado del fondo de pensiones asciende a $15,995 millones, de los cuales $11,564 millones (73.02%) están invertidos en instrumentos del Estado salvadoreño, principalmente en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) con un valor de $9,383 millones y Certificados de Obligación Previsional (COP) por $2,182 millones.
• En 2024, solo 1.1 millones de personas realizaron al menos una contribución al sistema privado de pensiones, lo que representa una tasa de cotización del 52% respecto al total de cuentas existentes.
• Además, apenas el 36% de los titulares de cuentas entre 20 y 55 años realizaron contribuciones durante los 12 meses completos del año.

Déficit proyectado y desafíos para la sostenibilidad

El estudio actuarial también proyecta que el sistema previsional, en su conjunto —integrando tanto la parte pública como la privada— tendrá un déficit a valor presente neto equivalente al 59% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador para el período 2024-2070. Esta cifra pone en evidencia la magnitud del desafío fiscal y social que representa garantizar pensiones adecuadas y sostenibles a largo plazo.

El déficit estimado se calcula tomando en cuenta los ingresos por cotizaciones y los gastos por pensiones, y muestra la necesidad de implementar reformas estructurales para mejorar la viabilidad financiera del sistema. Estas reformas son parte de los compromisos con organismos internacionales y apuntan a fortalecer la cobertura y la eficiencia del sistema previsional en El Salvador.

Implicaciones para la política pública y la ciudadanía

La ausencia de información pública actualizada y detallada sobre el sistema de pensiones limita la participación informada de la sociedad civil y los expertos en la discusión sobre las reformas necesarias. La transparencia es un componente esencial para la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones que gestionan los recursos previsionales.

En un país donde la formalidad laboral y la inclusión financiera continúan siendo retos importantes, contar con datos claros sobre las contribuciones y el comportamiento de los cotizantes es indispensable para diseñar políticas públicas que promuevan la ampliación de la base contributiva y mejoren la protección social.

Conclusión

El sistema de pensiones en El Salvador afronta un momento crítico, marcado por la falta de datos públicos fundamentales para el análisis y la planificación. La suspensión desde abril de 2023 del informe mensual de la Superintendencia del Sistema Financiero ha generado un vacío informativo que dificulta la evaluación independiente y la preparación de reformas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El estudio actuarial conjunto con el FMI ofrece algunas luces sobre la situación actual y las perspectivas financieras, pero la transparencia en la publicación periódica de información sigue siendo una asignatura pendiente para la administración pública. La mejora en la comunicación y la disponibilidad de datos será clave para fortalecer la confianza ciudadana y asegurar la viabilidad del sistema previsional en El Salvador.