Tribunal autoriza incorporación de dos peritos adicionales en caso Cosavi para profundizar investigación financiera

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, en su Juzgado Dos, autorizó el 28 de noviembre de 2025 la incorporación de dos peritos adicionales de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para colaborar en la investigación del caso de desfalco en la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI) de R.L. Con esta decisión, el equipo interdisciplinario de peritos encargados del análisis financiero y operativo alcanza un total de cuatro especialistas, según confirmaron fuentes judiciales a El Oficial.

Alcance y objetivos del peritaje

La labor de los peritos se centrará en la revisión integral de la organización, determinación y análisis de las funciones legales y operativas de los órganos de administración, vigilancia y cumplimiento de COSAVI. El estudio abarca los procedimientos internos, las inversiones y los gastos realizados por la cooperativa durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 7 de marzo de 2024.

Fuentes judiciales indicaron que el Tribunal autorizó inicialmente el 25 de agosto de 2025 la práctica del peritaje y solicitó que se detallara la información en 29 puntos específicos. Entre estos se incluyen reportes detallados de operaciones en efectivo y otros medios de pago, comprobación de auditorías internas y externas realizadas durante dicho periodo y sus resultados, así como los procedimientos aplicados para asegurar el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Análisis del liderazgo y situación financiera

Además, el peritaje busca clarificar la forma en que COSAVI era dirigida, el mecanismo de elección de sus autoridades y el estado financiero de los imputados involucrados en el caso. Una fuente con conocimiento del proceso señaló que este tipo de información debería haber estado disponible para el Tribunal desde el inicio del proceso. La falta de acceso a estos datos podría implicar una ampliación del plazo para la fase de investigación, dado que el análisis pericial demanda tiempo debido a la complejidad y volumen de la información.

Estado actual del proceso judicial

La fase de instrucción del caso tiene como fecha límite marzo de 2026. Sin embargo, el proceso ha avanzado realizando audiencias que buscan depurar las pruebas presentadas por la Fiscalía y responder a las solicitudes del Tribunal. Se prevé que a inicios de 2026 la defensa también inicie diligencias propias para la preparación de la etapa judicial siguiente.

El caso inició en mayo de 2024 cuando la Policía Nacional Civil (PNC) presentó a 15 personas presuntamente implicadas en el desvío de fondos de la cooperativa. Desde entonces, los afectados y las autoridades han trabajado en la recopilación y análisis de evidencias.

Reacción de afectados y solicitud de transparencia

Representantes de las personas afectadas por el desfalco han manifestado su preocupación por la duración y la reserva de información que mantiene el caso, la cual está establecida por siete años. Juan José Ortiz, vocero de los afectados, ha señalado que no son parte del proceso judicial y por tanto no tienen acceso a datos o diligencias que realiza el Tribunal.

Ortiz expresó que, de confirmarse la información sobre la incorporación tardía de peritos, esto podría representar una dilación innecesaria en el proceso, que ya se extiende por casi dos años desde que se iniciaron las investigaciones. En su experiencia en temas financieros, un perito puede tardar hasta ocho meses en completar un análisis exhaustivo, mientras que el plazo para la Fiscalía para concluir la investigación es menor a cuatro meses.

Por ello, consideran que podría estar generándose un retraso que afecta la búsqueda de una resolución pronta y definitiva del caso, lo que impacta directamente en la recuperación de los ahorros de los afectados.

Gestiones internacionales para la recuperación de fondos

Los afectados han realizado diversas gestiones para la recuperación de sus recursos, incluyendo solicitudes de apoyo ante cuerpos diplomáticos acreditados en El Salvador, como las embajadas de Estados Unidos, Alemania, China y España, así como ante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Situación de los imputados

Según fuentes judiciales consultadas, actualmente 58 personas están siendo procesadas en este caso, entre ellos el exdirector general de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, quien falleció el 8 de septiembre de 2024 en un accidente aéreo ocurrido en el distrito de Pasaquina, La Unión. También están involucradas 11 empresas nacionales, y el peritaje busca establecer posibles nexos con cuatro empresas extranjeras.

Los imputados enfrentan cargos por delitos como defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y agrupaciones ilícitas.

Perspectivas a futuro del proceso judicial

La etapa de instrucción está programada para finalizar en marzo de 2026. Sin embargo, abogados defensores han manifestado su expectativa de que la Fiscalía no solicite más prórrogas, las cuales podrían mantener a los imputados en detención por más de dos años. La posibilidad de extensiones adicionales genera incertidumbre sobre la duración final del proceso y la pronta resolución de los casos.

Respuesta institucional pendiente

El Oficial ha solicitado una versión oficial tanto a la Fiscalía General de la República como a la Superintendencia del Sistema Financiero en relación con el prolongado proceso pericial y la fase actual de la investigación. Al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta por parte de estas entidades.

Este caso representa uno de los procesos judiciales más complejos en materia financiera y de corrupción en el país en los últimos años, reflejando la importancia de la transparencia y el debido proceso para garantizar la justicia y la protección de los intereses de los asociados y del sistema económico salvadoreño.