Tribunal de San Juan Opico mantiene detención de aficionados del Alianza por desórdenes en octubre

El Tribunal de Instrucción de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, ratificó la detención provisional de 13 aficionados del equipo Alianza FC que enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en actos de violencia contra un autobús que transportaba seguidores del Club Deportivo FAS. Los hechos ocurrieron en octubre del año 2025, en la carretera Panamericana, a la altura del paso a desnivel de San Juan Opico, antes de un partido correspondiente a la Primera División del fútbol profesional salvadoreño.

Durante el mes de diciembre, el tribunal llevó a cabo una serie de audiencias especiales de revisión de medidas, en las cuales se valoraron los arraigos presentados por la defensa de los imputados con la intención de obtener medidas alternas a la prisión preventiva. Sin embargo, según fuentes judiciales, el tribunal consideró que los argumentos y documentos presentados no aportaban elementos nuevos que justificaran modificar la situación jurídica actual de los procesados.

Una fuente cercana al proceso explicó que "en las audiencias especiales de revisión de medidas, que es un derecho de los imputados, al final no se modificó nada. El tribunal consideró que no aportan nada nuevo los arraigos presentados y fue denegada la petición de medidas sustitutivas". Por lo tanto, los aficionados deberán continuar recluidos en los centros penitenciarios en los que permanecen desde su captura.

Contexto del caso y proceso judicial

El incidente que motivó las detenciones tuvo lugar el 25 de octubre de 2025, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a 20 seguidores del Alianza FC acusados de agredir un autobús con aficionados del FAS. La agresión provocó daños materiales y lesiones a algunas personas. Tras ese operativo inicial, se realizaron capturas adicionales y algunos detenidos fueron puestos en libertad luego de una evaluación judicial.

El 11 de noviembre de 2025, el Juzgado de Paz de San Juan Opico realizó la audiencia inicial contra 14 personas señaladas en el caso. Estas enfrentan cargos por delitos de desórdenes públicos agravados, lesiones y daños agravados. Durante la audiencia, el juzgado avaló un acuerdo conciliatorio con las víctimas que resultaron lesionadas y con el propietario del autobús afectado, pero decidió continuar con el proceso judicial para la fase de instrucción, manteniendo la medida de detención provisional para los implicados en el delito de desórdenes públicos agravados. Entre los procesados, una persona, en este caso una mujer, enfrenta el proceso en libertad.

Solicitud de proceso abreviado y próximos pasos

La defensa de los 13 aficionados actualmente privados de libertad ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar un proceso abreviado. Esta figura jurídica permitiría que los imputados se declaren responsables de los hechos a cambio de obtener su libertad con medidas sustitutivas. Fuentes vinculadas al caso indicaron que se espera una respuesta formal por parte del Ministerio Público.

Sobre esta solicitud, una fuente judicial detalló: "Depende de la Fiscalía si dará respuesta a la petición de la defensa. Será en la próxima audiencia cuando conoceremos si han aceptado la solicitud. Por el momento, el plazo para la fase de instrucción vence en febrero, y es cuando deberán programar la siguiente audiencia".

Implicaciones y contexto nacional

Este caso se enmarca en una serie de incidentes relacionados con la violencia entre aficionados de equipos de fútbol en El Salvador, un fenómeno que ha preocupado a autoridades y sectores sociales por su impacto en el orden público y la seguridad ciudadana. La intervención oportuna de las fuerzas de seguridad y el seguimiento judicial riguroso buscan enviar un mensaje claro para prevenir la repetición de episodios similares.

El sistema judicial salvadoreño ha puesto especial atención en estos casos, buscando equilibrar el derecho a la defensa con la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto a la ley. La decisión tomada por el tribunal de San Juan Opico refleja esta postura, priorizando la continuidad de la detención mientras se consolidan las pruebas y se resuelven las etapas procesales.

Conclusiones

La negativa del tribunal a otorgar medidas alternas a los 13 aficionados del Alianza FC mantiene vigente el proceso judicial en su contra bajo la medida de detención provisional. La solicitud de la defensa para un proceso abreviado está en manos de la Fiscalía General de la República, cuya respuesta será determinante para los próximos pasos legales.

El seguimiento a este caso será clave para evaluar la efectividad de las políticas públicas y judiciales en la prevención y sanción de la violencia relacionada con eventos deportivos en El Salvador, contribuyendo a fortalecer el orden público y la convivencia pacífica entre aficionados y la sociedad en general.