Tribunal de San Vicente entrega fallo escrito que absuelve a líderes ambientalistas de Santa Marta

El Tribunal de Sentencia de San Vicente entregó finalmente el fallo por escrito que absuelve a un grupo de líderes ambientalistas de Santa Marta y tres personas más, quienes enfrentaban acusaciones relacionadas con delitos de asesinato y asociaciones ilícitas en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992). La entrega del documento se realizó el 30 de enero de 2026, luego de que el Tribunal concediera cuatro prórrogas para su entrega.

La sentencia absolutoria fue dictada el 24 de septiembre de 2025, sin embargo, el Tribunal argumentó que debido a cargas laborales, actividades propias del órgano judicial y la revisión del documento, no había podido entregar el fallo por escrito hasta la fecha indicada.

Antecedentes del caso y proceso judicial

Los acusados en este proceso incluyen a los ambientalistas Teodoro Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas, así como a tres civiles adicionales: Alejandro Castañeda, Fidel Recinos y Arturo Serrano. Todos fueron señalados por presuntos delitos de asesinato y asociaciones ilícitas vinculados a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.

En octubre de 2024, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, dictó sobreseimiento a favor de los acusados. Sin embargo, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque ordenó la repetición del juicio, lo que motivó este nuevo proceso en el Tribunal de San Vicente.

Reacciones de la comunidad y defensores

Tras la entrega del fallo escrito, abogados defensores, familiares de los ambientalistas y miembros de la comunidad de Santa Marta han solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que desista de apelar la decisión del Tribunal de Sentencia de San Vicente. Esta petición se fundamenta en que ya se han presentado dos absoluciones en procesos judiciales anteriores y se considera que no existen pruebas suficientes para continuar con el proceso penal.

Desde la comunidad de Santa Marta se ha manifestado que el sistema de justicia no debe desgastarse en un caso donde, según ellos, no hay evidencias que justifiquen una prolongación del litigio. Esta posición se sostiene en la búsqueda de respeto a los derechos humanos y la garantía de un debido proceso.

Demoras y cuestionamientos al proceso judicial

La entrega tardía del fallo escrito generó cuestionamientos hacia el Tribunal de Sentencia de San Vicente. Además de las cuatro prórrogas otorgadas para la entrega del documento, ha habido llamados públicos para que se investigue si hubo alguna intención de retrasar la resolución definitiva del caso.

En ese sentido, se han solicitado investigaciones sobre el actuar de los jueces involucrados en el proceso para esclarecer las causas de la dilación y garantizar la transparencia en la administración de justicia.

Contexto nacional y judicial

Este caso se enmarca dentro de una serie de procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos durante la guerra civil salvadoreña, conflicto que marcó la historia reciente del país y que ha implicado en los últimos años un esfuerzo por parte del sistema de justicia para resolver casos pendientes de esa época.

El manejo de estas causas ha sido complejo debido a la naturaleza histórica de los hechos, la dificultad para reunir pruebas y las implicaciones políticas y sociales que conllevan.

La absolución de estos líderes ambientalistas y civiles contribuye a la discusión sobre la aplicación de justicia en casos antiguos y la garantía de derechos procesales a los acusados, reafirmando la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia.

Perspectivas futuras

La Fiscalía General de la República tiene en sus manos decidir si apela o no el fallo absolutorio emitido por el Tribunal de Sentencia de San Vicente. En caso de presentar una apelación, el proceso judicial volvería a extenderse, lo que podría generar nuevas reacciones por parte de la comunidad y defensores de los ambientalistas.

Por ahora, la entrega del fallo por escrito representa un paso importante para cerrar esta etapa del proceso y brindar certeza jurídica a los involucrados.

El seguimiento a este caso será fundamental para evaluar la eficiencia y transparencia del sistema judicial en la resolución de causas vinculadas a la historia reciente de El Salvador.