Tribunal extiende seis meses etapa de instrucción en caso La Floresta en El Salvador

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de El Salvador emitió una resolución que extiende por seis meses adicionales la etapa de instrucción del proceso judicial conocido como el caso La Floresta. Esta prórroga fue concedida tras cumplirse un año de detención preventiva de los imputados, y establece que la etapa de instrucción finalizará el 13 de agosto de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó esta ampliación argumentando la necesidad de contar con más tiempo para recopilar pruebas e información, calificada por la institución como un "proceso complejo". Además, la FGR señaló que las reformas recientes a la Ley contra el Crimen Organizado influyen en la extensión del plazo procesal.

Denuncias de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios

Representantes de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) han expresado su rechazo a esta nueva prórroga, calificándola de arbitraria e injustificada. El abogado y vocero de la organización, Rudy Joya, manifestó que el proceso ya lleva más de un año en investigación por parte de la Fiscalía, pero que esta se ha negado a realizar diligencias solicitadas, así como a entrevistar testigos que podrían aportar elementos de descargo.

Joya agregó que la prolongación del plazo representa una dilación innecesaria que afecta el derecho a un juicio justo de los acusados, entre ellos habitantes de la comunidad La Floresta. "La Fiscalía no ha presentado pruebas contundentes que justifiquen las imputaciones contra la comunidad", afirmó, y anunció que continuarán denunciando estas prácticas que consideran como arbitrariedades procesales.

La Unidehc también ha utilizado sus plataformas para expresar su inconformidad con la decisión judicial, señalando que la prórroga fue aceptada "automáticamente" por el Tribunal, sin un análisis exhaustivo de las justificaciones presentadas por la Fiscalía.

Preocupaciones por presunta persecución política y violaciones a derechos humanos

La abogada y vocera de Unidehc, Ivania Cruz, enfatizó que la extensión del proceso no contribuye a garantizar un proceso judicial justo para los procesados, entre ellos el vocero de la organización, Fidel Zavala. Este último ha denunciado públicamente torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como muertes ocurridas en los centros penitenciarios de El Salvador.

Cruz denunció que en el contexto actual, El Salvador enfrenta serias cuestionamientos en materia de derechos humanos, y calificó la situación de Zavala como un caso de posible delito de lesa humanidad. "Fidel Zavala fue valiente al denunciar torturas y corrupción en los penales, pero sigue detenido sin garantías procesales", manifestó.

Además, la abogada sostuvo que este caso ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en una cuestión de persecución política. Destacó que las autoridades españolas han concedido el estatus de asilo a algunos miembros de la comunidad afectada, lo que subraya las preocupaciones internacionales sobre la imparcialidad y legalidad del proceso.

Por ello, hizo un llamado a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional para que den seguimiento y garanticen la integridad y la vida de Fidel Zavala mientras permanece en prisión.

Contexto del proceso judicial y estado actual de los imputados

El caso La Floresta inició en febrero de 2025, cuando 24 habitantes de esta comunidad fueron detenidos junto con el vocero de Unidehc, Fidel Zavala. De los detenidos, 23 están bajo la medida cautelar de detención preventiva, mientras que una mujer cuenta con medidas alternas a la detención.

Los acusados enfrentan cargos relacionados con delitos de agrupaciones ilícitas, venta irregular de parcelas y terrenos, amenazas, entre otros. Además, en el mismo proceso judicial están señalados los abogados Rudy Joya, Ivania Cruz, así como Julio Armando Alas Sandoval y Elba Luz Rivera de Guzmán, quienes no fueron capturados y han sido declarados en rebeldía.

Al cierre de esta nota, El Oficial gestionó una versión oficial de la Fiscalía General de la República respecto a la solicitud de prórroga y las denuncias sobre la falta de diligencias y entrevistas a testigos de descargo aprobados por el Tribunal. Sin embargo, la institución no había emitido respuesta.

Implicaciones y perspectivas

La extensión de la etapa de instrucción en este caso genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores que exigen transparencia y respeto a los derechos procesales. La prolongación indefinida de esta fase podría afectar la credibilidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos hacia el sistema penitenciario y judicial salvadoreño, donde denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y falta de garantías procesales han sido recurrentes. La atención nacional e internacional se mantiene en la evolución de este proceso, que tiene implicaciones tanto legales como políticas.

El seguimiento a este caso será clave para evaluar el compromiso de las autoridades salvadoreñas con la justicia imparcial y el respeto a los derechos humanos fundamentales.