Trump impulsa más de 500 medidas migratorias en su primer año de mandato 2.0 en EE.UU.

Durante los primeros doce meses de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejecutado un total de más de 500 medidas relacionadas con la política migratoria, superando todas las acciones realizadas durante su primer período presidencial entre 2017 y 2021. Este dato fue revelado en un informe detallado divulgado recientemente por el Migration Policy Institute (MPI),titulado Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0.

Un nuevo ritmo en la política migratoria estadounidense

Las medidas adoptadas durante este primer año de Trump incluyen proclamaciones presidenciales, modificaciones normativas y decretos ejecutivos, que en conjunto han resultado en aproximadamente 622,000 deportaciones. De las más de 500 acciones documentadas, 38 corresponden a órdenes ejecutivas, lo que representa cerca de una sexta parte del total de 225 órdenes emitidas desde que Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

Según el análisis del MPI, el enfoque migratorio de esta administración se ha orientado fundamentalmente hacia dos objetivos: detener lo que se ha calificado como una "invasión" en la frontera sur de Estados Unidos y acelerar la ejecución de deportaciones masivas. Para poner en perspectiva esta intensificación, en los cuatro años del primer mandato de Trump se registraron 472 acciones ejecutivas en materia migratoria.

Incremento de detenciones y ampliación de la capacidad operativa

Entre enero y mediados de diciembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó cerca de 595,000 personas, lo que equivale a un promedio diario aproximado de 1,200 detenciones. Paralelamente, la cantidad de personas alojadas en centros de detención del ICE casi se ha duplicado, pasando de 39,000 al inicio del mandato a cerca de 70,000 en la actualidad.

A pesar de estos esfuerzos, las expulsiones totales no alcanzaron la meta oficial establecida de un millón ni superaron las 778,000 deportaciones reportadas en el último año fiscal de la administración anterior. Un dato relevante es que solo el 26 % de los detenidos actualmente por ICE cuentan con antecedentes penales, lo que evidencia que la mayoría de las personas aprehendidas no presentan historial criminal grave.

Enfoque en el control interno y reducción en cruces fronterizos

El informe también destaca que una parte sustancial de las acciones migratorias se ha dirigido hacia el interior del país. Los encuentros de migrantes en la frontera con México se han reducido significativamente a un promedio mensual de 700, una caída considerable en comparación con los más de 80,000 registros mensuales del año anterior.

Para reforzar el control fronterizo, el gobierno estadounidense ha destinado más de 1,300 millones de dólares e implementado el despliegue de más de 7,000 efectivos militares en las zonas limítrofes, evidenciando un marcado énfasis en la militarización del territorio fronterizo. Esta asignación de recursos forma parte de una estrategia sostenida para reducir los flujos migratorios provenientes del exterior.

Eliminación de protecciones y colaboración con autoridades locales

El informe identifica tres áreas clave en la política migratoria implementada: la eliminación de protecciones otorgadas por la administración previa, la aceleración de los procesos de deportación y el fortalecimiento de la cooperación con autoridades estatales y locales.

Una medida destacada ha sido la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 13 países, dejando sin protección a aproximadamente 1.5 millones de personas, según estimaciones del MPI. Además, se ha implementado un procedimiento conocido como "remociones expeditas", que deniega a los migrantes el acceso a audiencias judiciales. Actualmente, existen alrededor de 4 millones de casos pendientes en los tribunales migratorios, de los cuales cerca de 2.4 millones corresponden a solicitudes de asilo.

En paralelo, el gobierno ha multiplicado casi por diez el número de acuerdos 287(g),que permiten a agentes estatales y locales colaborar con ICE en funciones migratorias. Esta expansión ha derivado en la capacitación de aproximadamente 8,500 oficiales locales para realizar tareas relacionadas con la aplicación de la ley migratoria.

Presupuesto récord para fortalecer el control migratorio

Las acciones en materia migratoria podrían intensificarse en los próximos meses. En julio de 2025, el Congreso estadounidense aprobó un presupuesto récord de 170,000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS),en el marco de una iniciativa legislativa conocida como la "grande y hermosa ley" de Trump.

Especialistas en políticas migratorias señalan que este financiamiento permitirá continuar la redirección de la aplicación de la ley hacia el interior del país, complementando el trabajo en la frontera, donde anteriormente se concentraba la mayor atención debido a los elevados números de llegadas.

Implicancias para la región y El Salvador

La intensificación de las políticas migratorias en Estados Unidos tiene repercusiones directas e indirectas para América Latina y países como El Salvador, que históricamente han tenido flujos migratorios hacia el vecino del norte. La reducción en cruces fronterizos y la eliminación de protecciones como el TPS impactan en la estabilidad de miles de migrantes en situación irregular.

Además, el incremento en la cooperación con autoridades locales estadounidenses y la militarización de la frontera sur podrían modificar las dinámicas migratorias regionales, presionando a los países de origen y tránsito a implementar nuevas medidas para gestionar la movilidad humana.

En este contexto, resulta crucial el seguimiento a las políticas y sus efectos en las comunidades migrantes, así como la coordinación internacional para garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a procesos legales justos.

En suma, el primer año de la segunda administración de Donald Trump ha marcado un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense, caracterizada por un aumento sin precedentes en medidas restrictivas, deportaciones masivas y una estrategia integral que combina control fronterizo, interior y colaboración con autoridades locales.