Uno de cada cuatro empleados públicos fue contratado durante la administración Bukele, revela informe oficial

El Gobierno de El Salvador registró en 2025 un total de 164,335 empleados públicos, de los cuales aproximadamente uno de cada cuatro, es decir, 47,113 personas, fueron contratadas durante los últimos cinco años, coincidiendo con la administración actual. Esta cifra representa el 28.67 % del total de empleados y es la mayor proporción de trabajadores con menos de cinco años en el sector público en los últimos 17 años, según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Hacienda a través del portal de Transparencia Fiscal.

Para encontrar una cifra similar, es necesario remontarse al año 2008, cuando Elías Antonio Saca estaba al mando del Ejecutivo. En ese entonces, 35,189 empleados tenían menos de cinco años en sus cargos, equivalente al 28.16 % del total del personal público. Sin embargo, el contexto actual se caracteriza por un incremento significativo en la contratación de personal recientemente incorporado, especialmente desde 2019, último año de la administración anterior.

Contexto y exclusiones en las cifras oficiales

Es importante destacar que las estadísticas proporcionadas por Hacienda no incluyen al personal contratado en la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, la Corte de Cuentas, Ministerio de Defensa ni en empresas públicas como CEL, ANDA, Lotería Nacional y CEPA. Por tanto, la cifra total de empleados y el porcentaje de trabajadores con menos de cinco años en servicio podrían ser mayores si se consideraran estas entidades.

El informe anual de Hacienda presenta una visión detallada del personal público clasificado por género, edad, nivel salarial, formación académica, categoría del puesto y tiempo de servicio. En este último ámbito, se establecen seis rangos: de cero a cinco años, de seis a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 35 y más de 36 años en funciones.

Incremento en contrataciones recientes y disminución del personal con más antigüedad

La tendencia marcada desde 2019 evidencia un aumento pronunciado en el número de empleados públicos con menos de cinco años de servicio. En ese año, el total de trabajadores con este nivel de experiencia era de 28,128, representando el 16.65 % del total. Para 2025, esta cifra casi se duplicó hasta alcanzar los 47,113.

En contraste, el número de empleados con más de seis años en el sector público disminuyó considerablemente. En 2019, había 140,803 trabajadores en esta categoría, pero para 2025 la cifra bajó a 117,222, una reducción de 23,581 personas.

Esta dinámica ha resultado en una variación global relativamente baja en el total de empleados públicos entre 2019 y 2025: de 168,941 trabajadores al inicio de la administración actual a 164,335 al cierre de su primer periodo, una diferencia de apenas 4,606 personas.

Reacciones y análisis sobre el proceso de contratación

Sindicalistas y economistas consultados interpretan estas cifras como un reflejo de la incorporación de personal afín al partido gobernante, acompañada de recortes en empleados provenientes de administraciones anteriores. Esta práctica explicaría la estabilidad en el número total de trabajadores pese a la alta rotación interna.

Sin embargo, también se advierte una inestabilidad laboral notable en el sector público. En 2024, el Gobierno implementó recortes masivos de personal previos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI),lo que llevó a una reducción en el número de empleados con menos de cinco años, pasando de 45,820 al cierre de 2023 a 41,365 en 2024. No obstante, en 2025 esta cifra volvió a aumentar hasta los 47,113.

Precarización laboral y ausencia de sindicalización

Según representantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD),esta fluctuación evidencia la precariedad laboral que enfrentan los empleados públicos bajo la actual administración. El descenso en la cantidad de empleados recientes en 2024 implicó despidos dentro de ese mismo grupo, lo que refleja un ambiente laboral inestable.

Además, se señala que esta generación de trabajadores, contratada durante la actual gestión, no ha encontrado en el sindicalismo una opción viable para defender sus derechos laborales, aceptando condiciones de contratación precarias. Un ejemplo relevante es el personal vinculado a la plataforma Doctor SV, donde se reportan quejas por falta de acceso a seguro social, AFP, jornadas laborales excesivas sin derecho a vacaciones ni licencia por enfermedad.

Impacto en la Ley del Servicio Civil y procesos de despido

El análisis económico también apunta a que el objetivo del Gobierno ha sido sustituir al personal de administraciones anteriores sin respetar los procedimientos legales establecidos para despidos en el sector público. Desde 2019 se han observado procesos de desmantelamiento institucional en varias entidades, con despidos masivos seguidos de nuevas contrataciones.

La Ley del Servicio Civil, que regula la contratación y despido en el sector público, era considerada garantista en cuanto a la protección de derechos de los empleados. Sin embargo, actualmente se señala que esta normativa no está siendo aplicada ni tramitada de manera efectiva.

En 2019 hubo una propuesta para reformar esta ley, pero fue rechazada por implicar una posible pérdida de derechos laborales. La necesidad de modificar la Ley del Servicio Civil está contemplada en el acuerdo entre El Salvador y el FMI, con una propuesta esperada para 2026. Hasta el momento, el Gobierno no ha comunicado públicamente detalles sobre los posibles cambios.

Resistencia a reformas y propuestas legislativas

En octubre de 2024, la diputada Marcela Villatoro presentó un proyecto de ley de la función pública que buscaba regular la contratación basada en méritos y garantizar estabilidad laboral. Esta iniciativa fue rechazada por el oficialismo.

El proyecto pretendía establecer criterios de meritocracia, incluyendo evaluación de conocimientos, tiempo de servicio y exámenes para ascensos. En contraste, se critica que la administración vigente ha aplicado una dinámica de contratación basada más en afinidad política que en capacidades técnicas.

Conclusiones

Los datos oficiales muestran que la administración actual ha incrementado significativamente la contratación de empleados públicos en los últimos cinco años, alcanzando proporciones no vistas en casi dos décadas. Esta dinámica ha venido acompañada de una reducción en la plantilla con mayor antigüedad y de procesos de despido que, según expertos y sindicalistas, no siempre respetan los marcos legales vigentes.

La situación plantea desafíos importantes en materia de estabilidad laboral y derechos de los trabajadores públicos, además de cuestionamientos sobre los criterios de selección y permanencia en el sector público. La reforma pendiente a la Ley del Servicio Civil podría ser un elemento clave para abordar estas problemáticas en el futuro inmediato.