USCIS cambia reglas de carga pública para solicitar la residencia, ¿qué beneficios revisará?

USCIS cambia reglas de carga pública para solicitar la residencia, ¿qué beneficios revisará?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus directrices para determinar cuándo una persona que solicita el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente legal puede ser considerada inadmisible por el motivo...

21 septiembre 2026
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus directrices para determinar cuándo una persona que solicita el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente legal puede ser considerada inadmisible por el motivo de “carga pública”.

La guía entró en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplica a los Formularios I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus, sujetos a este motivo de inadmisibilidad y enviados por correo o electrónicamente a partir de esa fecha, según la información publicada por USCIS.

Uno de los principales cambios está relacionado con los beneficios públicos que los oficiales pueden tomar en cuenta durante la evaluación. Sin embargo, las nuevas disposiciones no afectan de la misma manera a todos los solicitantes: existen categorías migratorias que están exentas.

La actualización ocurre después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el 16 de julio de 2026 una norma definitiva que derogó las regulaciones sobre carga pública de 2022. La norma fue publicada en el Registro Federal el 20 de julio y entró en vigor el 18 de septiembre.

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USCIS actualizó sus directrices para determinar la inadmisibilidad por carga pública de ciertos solicitantes de residencia permanente.

¿Qué revisará USCIS para determinar la carga pública?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece cinco factores que los funcionarios deben considerar al evaluar si una persona puede convertirse en carga pública.

Estos comprenden la edad, salud, estado familiar, bienes, recursos y situación financiera, además de la educación y las habilidades del solicitante.

USCIS también puede considerar el Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo Conforme a la Sección 213A de la INA. Este documento es firmado por una persona que acepta utilizar sus recursos financieros para respaldar al extranjero.

La agencia indicó que revisará la evidencia disponible en el expediente y que las determinaciones serán realizadas individualmente, tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.

Otro aspecto importante de las nuevas directrices es el tratamiento de los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos.

Para aquellos recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS señala que únicamente considerará la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo pagada por el gobierno.

Para los beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre, la guía establece que USCIS podrá considerar todos y cada uno de los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos. Entre los ejemplos mencionados están la asistencia en efectivo para mantener ingresos, ayuda para vivienda, cupones de alimentos y ayuda financiera para la universidad.

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La guía, vigente desde el 18 de septiembre de 2026, establece los factores que los oficiales deben revisar y amplía los beneficios públicos sujetos a verificación de recursos que pueden ser considerados a partir de esa fecha.

No todos los solicitantes están sujetos a esta evaluación

USCIS señala que las personas que solicitan ajustar su estatus a residente permanente legal están sujetas al motivo de inadmisibilidad por carga pública, salvo que pertenezcan a una categoría migratoria exenta.

Entre las categorías sujetas aparecen cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses; determinados familiares de residentes permanentes; prometidos de ciudadanos estadounidenses; trabajadores prioritarios; profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales; trabajadores cualificados; inversionistas; trabajadores religiosos e inmigrantes con visa de diversidad, entre otras.

La guía, sin embargo, contempla numerosas excepciones.

Entre las categorías que no están sujetas se encuentran solicitantes de asilo y refugiados, determinadas víctimas de trata de personas, víctimas de actividades delictivas que califican para visas U, menores inmigrantes especiales y personas que presentan autopeticiones bajo la Ley contra la Violencia contra las Mujeres.

La lista también incluye otras categorías específicas establecidas por las leyes migratorias. Por eso, la situación dependerá del tipo de trámite y de la categoría bajo la cual una persona solicita el ajuste de estatus.

¿Qué pasa si USCIS considera que alguien puede ser carga pública?

La actualización también explica el procedimiento de las denominadas fianzas de carga pública.

Si un oficial determina que un solicitante es inadmisible únicamente porque probablemente pueda convertirse en carga pública en algún momento, USCIS puede invitarlo a presentar una fianza.

Esta funciona como una garantía financiera para asegurar que la persona no se convierta en carga pública. Para determinar su monto, el funcionario considerará cuánta asistencia gubernamental podría recibir el solicitante durante los próximos cinco años.

La persona podrá presentar una fianza en efectivo o una fianza de garantía mediante el Formulario I-945, Fianza de Carga Pública.

Hay una condición importante: el formulario no puede presentarse por iniciativa propia. USCIS debe invitar primero al solicitante a hacerlo mediante una Notificación de Intención de Denegación. La agencia advierte que no aceptará fianzas de personas que no hayan recibido esa invitación.

La nueva guía reemplaza orientaciones anteriores relacionadas con este motivo de inadmisibilidad, incluida la Guía Provisional de Campo de 1999. USCIS señala que los oficiales continuarán realizando las determinaciones caso por caso.

Fuente original: elsalvador.com

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