USCIS crea unidad para auditar green cards y detecta posibles fraudes y deportaciones

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha puesto en marcha una nueva unidad especializada destinada a auditar los expedientes de extranjeros con residencia permanente legal, conocidos comúnmente como green cards. Esta iniciativa responde a una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fortalecer los controles migratorios y detectar posibles irregularidades o fraudes en la obtención del estatus migratorio.

Creación de la "Tactical Operations Division" para revisión exhaustiva de expedientes

La unidad, denominada "Tactical Operations Division", fue establecida con el propósito de investigar antecedentes y revisar minuciosamente los expedientes históricos de los residentes permanentes legales. Según documentos internos del USCIS, esta división opera bajo una estructura organizacional con subunidades especializadas enfocadas en diferentes perfiles migratorios, lo que permite realizar auditorías más precisas y efectivas.

El director de esta división, Daniel Andrade, explicó que se configuraron tres áreas operativas principales dentro de la unidad:

• LPR Operations: dedicada exclusivamente a la evaluación y fiscalización de los titulares de residencia permanente legal.
• Denaturalization: enfocada en la revisión y posible reversión de procesos de naturalización o ciudadanía concedidos de forma irregular.
• Refugee Revetting: encargada de la reevaluación de los expedientes de personas con estatus de refugiados en territorio estadounidense.

Actualmente, alrededor de 40 oficiales de inmigración están asignados de forma fija a la revisión técnica de expedientes, priorizando la cooperación con agencias de seguridad para realizar cruces de información y detectar posibles inconsistencias o actividades ilícitas.

Criterios de auditoría y perfiles bajo investigación

El portavoz oficial del USCIS, Zach Kahler, aclaró que la selección de expedientes para auditoría se basa en criterios estrictos relacionados con la seguridad nacional y el cumplimiento de la legislación penal. Entre los principales factores considerados están antecedentes penales, tanto en Estados Unidos como en otros países, que incluyen delitos como agresiones sexuales, violencia doméstica, conducción bajo influencia de alcohol (DUI) y delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Asimismo, la unidad busca identificar a personas que hayan proporcionado información falsa o hayan cometido fraude durante su proceso inicial de solicitud de residencia. Otro foco importante es la evaluación de individuos sospechosos de estar vinculados a organizaciones que buscan obtener ilegalmente información tecnológica sensible, particularmente en relación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Kahler destacó que la misión principal de esta estrategia es fortalecer la seguridad nacional mediante controles rigurosos y anticipó que se prevé la implementación de modificaciones adicionales en los próximos meses para optimizar el proceso.

Resultados preliminares y análisis de eficiencia

Los reportes internos del USCIS indican que hasta la fecha se han evaluado o mantenido en investigación un total de 2,890 expedientes de residentes permanentes. Del total, aproximadamente el 80 % de los casos fueron cerrados sin acciones administrativas adicionales, debido a la ausencia de irregularidades. Sin embargo, 500 expedientes permanecen abiertos en proceso de análisis y se han identificado 50 casos en los que se inició formalmente el proceso para retirar la residencia permanente, dando paso a procedimientos de deportación.

La implementación de esta unidad ha generado cuestionamientos por parte de expertos y exfuncionarios en políticas migratorias, quienes señalan que la tasa de casos detectados como potencialmente deportables es relativamente baja —alrededor del 2 % del total revisado— y que ello podría reflejar una baja eficiencia en relación con los recursos invertidos.

Especialistas del centro de estudios Third Way han advertido que destinar personal a estas auditorías podría agravar el rezago administrativo que enfrenta el USCIS, el cual acumulaba más de 11 millones de solicitudes pendientes al cierre del último año fiscal, cifra que casi duplica los niveles previos a 2019. Esta situación genera preocupación sobre la capacidad de la agencia para atender tanto las auditorías como las solicitudes de beneficios migratorios con la rapidez necesaria.

Contexto y repercusiones para migrantes en Estados Unidos

Esta nueva política de revisión afecta directamente a los residentes permanentes legales que viven en Estados Unidos, incluyendo a un amplio número de salvadoreños y otros migrantes que han buscado regularizar su situación en el país. La posibilidad de perder el estatus migratorio implica un riesgo significativo de deportación y separación familiar, lo que genera incertidumbre en estas comunidades.

El Salvador, históricamente uno de los principales países de origen de migrantes en Estados Unidos, observa con atención estos cambios en las políticas migratorias, ya que impactan tanto en las personas que residen legalmente como en aquellas que aspiran a obtener la residencia. La rigurosidad en la revisión busca asegurar que los beneficios migratorios se otorguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales y no representan un riesgo para la seguridad nacional.

Perspectivas y próximos pasos

El USCIS continúa ajustando sus procesos y estructura organizativa para hacer frente a los desafíos que presenta la gestión migratoria en un contexto global complejo. La puesta en marcha de la "Tactical Operations Division" representa un paso hacia una mayor fiscalización, pero también plantea retos en términos de eficiencia y atención a la gran demanda de solicitudes.

Es probable que en los próximos meses se anuncien nuevas medidas y modificaciones operativas que busquen equilibrar la necesidad de seguridad con la atención oportuna a los migrantes. Mientras tanto, las comunidades migrantes y sus redes de apoyo deberán estar atentos a las implicaciones de estas auditorías y asesorarse adecuadamente para responder a cualquier requerimiento o proceso iniciado por las autoridades migratorias.