
Usuarios de Credicash realizan caravana en Chalatenango exigiendo liberación y devolución de fondos
Usuarios de Credicash realizaron una caravana en Chalatenango para exigir la liberación del empresario Gerson Orellana y la devolución de fondos incautados por la Fiscalía General de la República.
Una nueva caravana pacífica se llevó a cabo la tarde del domingo en Chalatenango, convocada por usuarios de la financiera Credicash, con el propósito de exigir la liberación del empresario Gerson Adriel Orellana Ayala y la devolución de los fondos incautados durante las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
La jornada inició en el estadio Gregorio Martínez, punto de concentración donde los asistentes portaron pancartas con mensajes en respaldo al empresario y reclamando respeto a los recursos decomisados. Entre las consignas se leían frases como “Libertad para el patrón Gerson Orellana”, “El dinero del pueblo” y “La justicia no puede esperar. Chalatenango no está dormido”. Posteriormente, los manifestantes recorrieron diferentes calles del municipio hasta llegar a la catedral local, manteniendo llamados a las autoridades y exigiendo respuestas.
Reclamos de los afectados
En la caravana participaron personas que aseguran ser afectadas directamente por la incautación de recursos vinculados a Credicash. Estas personas reiteraron que los fondos confiscados tienen un origen lícito y pidieron la devolución de los mismos para poder recuperar su estabilidad económica.
Una ama de casa, quien manifestó ser una de las afectadas, expresó: “Nosotros necesitamos la liberación de Gerson Orellana. Soy una de las afectadas y por eso ando aquí. Necesito que se devuelva mi dinero, no es robado ni prestado, yo solo lo tenía trabajando para sobrevivir”. Este testimonio refleja la preocupación de usuarios que han visto comprometidos sus recursos tras las acciones legales contra el empresario y la financiera.
Situación legal del empresario y su entorno familiar
El empresario Gerson Adriel Orellana Ayala fue detenido el 14 de marzo luego de una serie de allanamientos realizados un día antes en las oficinas de Credicash, su residencia, una funeraria y otras empresas relacionadas. La Fiscalía lo acusa de delitos como defraudación a la economía pública y lavado de activos, hechos que, según la institución, habrían perjudicado el orden socioeconómico del país.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha informado que hasta la fecha se han recibido al menos 180 denuncias relacionadas con posibles estafas vinculadas al caso de Credicash. Estas denuncias han motivado las investigaciones que derivaron en la captura de Orellana Ayala y en la incautación de bienes y fondos.
Durante la caravana de este domingo, los manifestantes también solicitaron la liberación de la esposa del empresario, ante rumores no confirmados sobre una posible detención. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido ninguna información oficial por parte de las autoridades respecto a esa situación.
Antecedentes y movilizaciones previas en Chalatenango
La caravana de este fin de semana se suma a una serie de manifestaciones realizadas en las últimas semanas en Chalatenango. El 26 de marzo, empleados y usuarios de Credicash se reunieron en el parque central, frente a la parroquia San Juan Bautista, con demandas similares. También se reportaron concentraciones los domingos 15 y 22 de marzo, así como una vigilia el lunes 16 del mismo mes.
En cada una de estas actividades, los participantes han insistido en que no han sido víctimas de ningún ilícito y han pedido a las autoridades la devolución del dinero incautado. Estas movilizaciones reflejan la preocupación y el descontento que la situación ha generado en la comunidad local y en los usuarios afectados.
Contexto general y perspectivas
El caso de Credicash ha puesto en el centro del debate la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los usuarios en el sistema financiero no bancario en El Salvador. La suspensión y revisión de operaciones de empresas financieras, así como las investigaciones por presuntos delitos económicos, han generado incertidumbre en clientes y trabajadores.
Por su parte, la Fiscalía General continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos y procesar a los responsables conforme a la ley. La autoridad ha señalado que las acciones buscan preservar el orden socioeconómico y proteger a la ciudadanía de posibles fraudes.
En este marco, la comunidad de Chalatenango y los usuarios afectados mantienen su exigencia de transparencia y justicia, mientras esperan que las autoridades judiciales emitan resoluciones que permitan esclarecer la situación y devolver los recursos a quienes legítimamente los reclaman.
La nueva caravana del domingo reafirma la persistencia de estas demandas y la voluntad de la población afectada de continuar con acciones pacíficas para buscar una solución pronta y justa.
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