Vendedores del Centro Histórico de San Salvador manifiestan desconfianza ante nuevas reglas de decomisos

La reciente publicación de una ordenanza municipal que regula los procesos de decomisos en el Centro Histórico de San Salvador ha generado incertidumbre y desconfianza entre los vendedores ambulantes y comerciantes establecidos en esta zona de la capital salvadoreña.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) es el encargado de ejecutar estas medidas que buscan el ordenamiento de los espacios públicos en el centro de San Salvador, principalmente en el marco del plan de reordenamiento impulsado por la Alcaldía. Sin embargo, el historial de operativos y decomisos ha estado marcado por controversias, enfrentamientos y denuncias de arbitrariedad, lo que pone en duda la efectividad de las nuevas regulaciones.

Contexto y antecedentes de los decomisos

Los decomisos de mercancía son una de las principales herramientas que utiliza la municipalidad para controlar la venta informal y ambulante, considerada una problemática en el Centro Histórico. Estos procedimientos buscan sancionar la ocupación irregular de espacios públicos y promover un ordenamiento comercial que favorezca la movilidad y la imagen urbana.

Antes de la reciente ordenanza, las acciones de decomiso se regían bajo la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, emitida en julio de 2025. Esta normativa establecía reglas claras sobre multas y costos de almacenamiento que los vendedores debían cubrir para recuperar sus bienes. Sin embargo, la implementación práctica de estas disposiciones ha sido cuestionada por los mismos comerciantes.

Nuevo marco normativo y creación de la Unidad de Control de Decomisos

La semana pasada, el Diario Oficial publicó una Ordenanza Especial para el Ordenamiento de los Espacios Públicos en San Salvador Centro, que crea la Unidad de Control de Decomisos dentro del CAM. Esta unidad tiene la responsabilidad de regular los procesos de incautación y establecer procedimientos para la devolución o disposición final de los bienes decomisados.

Esta normativa también busca transparentar y hacer más eficiente el manejo de mercancía incautada, incluyendo plazos y condiciones para la entrega, además de establecer un marco para sanciones económicas. Sin embargo, el impacto real de esta ordenanza aún es incierto para los vendedores.

Percepción de los vendedores: desinformación y desconfianza

En un recorrido realizado por las principales zonas comerciales del Centro Histórico, varios vendedores manifestaron desconocer la existencia de la nueva regulación. La mayoría coincide en que no hay un canal de comunicación efectivo entre la municipalidad y los comerciantes, lo que genera desinformación y descontento.

Una vendedora de frutas y verduras, que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señaló: “Aquí por la misma gente nos enteramos. Ellos (la alcaldía) no dan información de nada”. Esta percepción refleja un distanciamiento que dificulta el diálogo y la cooperación entre autoridades y comerciantes.

Denuncias sobre la devolución y multas

Las quejas recurrentes giran en torno a la falta de devolución completa de la mercancía decomisada y la imposición de multas consideradas excesivas. Una vendedora de calcetines relató que, en su experiencia, el CAM no devuelve ni el dinero ni las pertenencias personales incautadas, reportando casos donde se negó la entrega bajo la excusa de que esos objetos no pertenecían al vendedor.

Otra comerciante comentó que, tras un decomiso de una bolsa con guayabas, la cantidad devuelta fue visiblemente menor, lo que representa una pérdida económica directa para pequeños vendedores con escasos recursos.

Adicionalmente, se mencionan multas que oscilan entre $50 y $200, aunque la normativa vigente contempla sanciones desde $51 hasta $900, dependiendo de la infracción. Esta situación ha llevado a que muchos vendedores opten por perder sus bienes en lugar de pagar multas y costos de almacenamiento.

Falta de respuesta oficial

Ante las denuncias y cuestionamientos, El Oficial solicitó una posición oficial a la Alcaldía de San Salvador sobre la aplicación de las nuevas normas y las denuncias de arbitrariedad, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna.

Implicaciones y retos para la gestión municipal

El caso de los decomisos en el Centro Histórico refleja el desafío que enfrenta la administración municipal para equilibrar la regulación del espacio público con el respeto a los derechos y necesidades de los vendedores informales. La informalidad es un fenómeno arraigado que genera ingresos para muchas familias, pero también afecta la movilidad, la seguridad y la imagen urbana.

Una gestión transparente, con canales de comunicación abiertos y procedimientos claros, podría facilitar la convivencia y reducir los conflictos. Las nuevas disposiciones buscan precisamente ordenar estos procesos, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva y del diálogo constante con los actores involucrados.

Conclusión

El escepticismo manifestado por los vendedores del Centro Histórico ante las nuevas regulaciones para decomisos evidencia una brecha importante entre las autoridades municipales y los comerciantes. La falta de información, la percepción de arbitrariedad y las experiencias negativas en la devolución de bienes complican el panorama.

Para avanzar hacia un ordenamiento efectivo y justo, será necesario fortalecer la comunicación, garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y buscar mecanismos que protejan tanto el interés público como el sustento de quienes dependen del comercio en las calles de San Salvador.