Víctimas de COSAVI exigen transparencia y actualización sobre intervención y situación jurídica

El 24 de febrero de 2026, víctimas del desfalco en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) presentaron un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Juzgado Sexto contra el Crimen Organizado para solicitar información clara y actualizada sobre la situación jurídica de la entidad financiera y el avance del proceso penal que la involucra.

Desde mayo de 2024, cuando las autoridades intervinieron COSAVI por presuntas irregularidades relacionadas con defraudación a la economía pública y lavado de dinero, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) asumió el control administrativo de la cooperativa. A partir de ese momento, la SSF inició un proceso parcial de devolución de ahorros a los socios afectados, sin embargo, la reserva total del proceso judicial, declarada hasta el año 2031, ha generado incertidumbre entre los perjudicados sobre el estado real de la investigación y la intervención.

Demandas de los afectados: claridad y entrega de la cooperativa

Juan José Ortíz, vocero del grupo de afectados, expresó que dos años son un tiempo suficiente para que las instituciones involucradas hayan cumplido con sus responsabilidades. Los afectados buscan que se les informe si la Fiscalía requiere más tiempo para el proceso o si la administración de la cooperativa continuará bajo la supervisión de la SSF.

“Consideramos que dos años son suficientes para que todas las instituciones involucradas en el caso hayan hecho su trabajo. Los escritos tienen como fin conocer cuál es la situación jurídica de la empresa, si van a seguir otorgándole más tiempo a la Fiscalía y si seguirá en manos de la Superintendencia”, destacó Ortíz.

Los afectados sostienen que la intervención ha excedido lo razonable y que la administración actual de COSAVI, bajo la SSF, se está realizando de manera arbitraria y abusiva. Por ello, exigen la entrega formal de la cooperativa y una explicación pública sobre el estado del proceso judicial, así como el avance en la devolución de sus ahorros.

“Si el juez confirma que el proceso finalizó, tiene que liberar esa información y eso implica devolvernos la cooperativa, que actualmente está siendo administrada de manera arbitraria y abusiva por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero”, enfatizó Ortíz.

Proceso judicial y reservas que mantienen en incertidumbre a los socios

El proceso contra COSAVI está vinculado a una investigación que involucra a 32 personas. Desde la intervención, las autoridades han mantenido una reserva total sobre el caso hasta 2031, lo que limita el acceso a información relevante para los socios afectados. Esta falta de transparencia ha sido una constante fuente de preocupación para los miembros de la cooperativa.

Desde el inicio del caso, los afectados han interpuesto más de 600 denuncias individuales ante la Fiscalía, sin obtener respuestas claras ni avances visibles en el proceso judicial. La prolongación y la opacidad del caso han agravado la incertidumbre financiera y emocional de los socios, quienes además reportan que 11 miembros han fallecido sin recuperar sus ahorros.

Gestiones diplomáticas y búsqueda de apoyo internacional

Ante la lentitud y falta de información, hace una semana, un grupo de afectados acudió a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. La solicitud de apoyo diplomático busca acelerar la investigación y asegurar que el proceso judicial avance con mayor transparencia y celeridad.

Se destacó que algunos de los socios perjudicados son ciudadanos estadounidenses, lo que ha motivado la petición de acompañamiento internacional para garantizar el respeto a los derechos de los afectados y la correcta administración de la justicia.

Respuesta institucional pendiente

Ni la Fiscalía General de la República ni la Superintendencia del Sistema Financiero han emitido declaraciones públicas detalladas sobre los avances internos del caso. Tampoco han informado sobre posibles fechas para la conclusión del proceso o la devolución definitiva de los fondos a los socios.

Esta ausencia de comunicación oficial ha incrementado las dudas y el descontento entre los afectados, quienes reiteran su llamado a las autoridades para que brinden información transparente y se garantice la restitución de sus ahorros.

Contexto sobre COSAVI y su importancia en El Salvador

COSAVI, como cooperativa de ahorro y crédito, desempeñaba un papel significativo en la economía local al ofrecer servicios financieros accesibles a sus socios, muchos de ellos provenientes de comunidades vulnerables y sectores medios. La intervención y el proceso judicial no solo afectaron a sus miembros directamente, sino que también generaron un impacto en la confianza hacia las cooperativas y el sistema financiero no bancario en El Salvador.

El caso COSAVI ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y transparencia en las cooperativas para proteger a los usuarios y evitar situaciones similares que comprometan la estabilidad financiera de sus miembros.

Conclusión

La exigencia de las víctimas de COSAVI por mayor transparencia, información actualizada y la devolución de sus ahorros refleja un reclamo legítimo ante la prolongada incertidumbre y falta de respuestas en un caso de alta complejidad judicial y financiera. La situación seguirá siendo un tema de interés público mientras las autoridades no den claridad sobre la culminación del proceso y la restitución de los derechos de los socios.