Víctimas del desfalco en COSAVI exigen apoyo internacional ante estancamiento judicial

Un grupo de afectados por el desfalco en la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (COSAVI) se presentó el 19 de febrero de 2026 en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador para solicitar apoyo en la devolución de sus ahorros, ante el estancamiento que denuncian en el proceso judicial y la falta de respuestas por parte de las autoridades salvadoreñas.

El vocero de las víctimas, Juan José Ortiz, informó que en los últimos meses han fallecido tres socios más, elevando a once el número total de personas que han muerto sin recuperar sus fondos. Además, desmintió que un grupo de afectados haya sido recibido por la Embajada estadounidense en noviembre de 2025, lo que contradice una comunicación oficial enviada por el Departamento de Estado a un congresista de ese país.

“Estamos presentando una nueva solicitud a la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos. Sería la tercera petición de audiencia y en esta le hacemos saber a la funcionaria que el Departamento de Estado le envió una nota al congresista James Patrick McGovern, informándole que un grupo de afectados habíamos sido recibidos en la Embajada en noviembre, lo cual es categóricamente falso”, explicó Ortiz.

Durante la entrega de la carta, el personal diplomático recibió a los afectados y firmó de recibido el documento. En esta ocasión, las víctimas reiteraron que han presentado más de 600 denuncias relacionadas con el caso, pero no han obtenido avances visibles ni citaciones para declarar.

Denuncian falta de respuesta institucional

Las víctimas manifestaron su frustración por el aparente desinterés de las instituciones del Estado salvadoreño para atender sus solicitudes. A casi dos años del desfalco, ninguna entidad oficial ha ofrecido audiencias ni ha respondido a sus peticiones.

Ortiz señaló que, en particular, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha recibido a los afectados ni ha citado a declarar a las personas que interpusieron denuncias. También han acudido a instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a misiones diplomáticas en busca de apoyo y visibilidad, sin resultados concretos.

“Ya el primero de marzo vamos a cumplir dos años de este lamentable acontecimiento, sin que al día de hoy ninguna, absolutamente ninguna institución del Estado nos haya recibido”, lamentó el vocero.

Situación actual del proceso judicial

El caso COSAVI está en etapa de investigación bajo reserva total. Varias exautoridades de la cooperativa están procesadas por presuntos delitos como administración fraudulenta y lavado de dinero. Las autoridades han informado sobre capturas, medidas cautelares y audiencias, pero los detalles sobre la restitución de ahorros a las víctimas son limitados.

El juez segundo del Tribunal Sexto de Sentencia contra el Crimen Organizado ha otorgado múltiples prórrogas en la fase de instrucción de los 31 procesados señalados por la Fiscalía. Mientras tanto, no se han realizado citaciones a testigos o afectados para avanzar en el proceso.

En paralelo, la Superintendencia del Sistema Financiero ha implementado un plan gradual para devolver fondos a los ahorrantes afectados. Según esta institución, se ha reintegrado dinero al 84 % de los afectados, con montos individuales que han llegado hasta $70,000. Sin embargo, el grupo organizado de víctimas sostiene que en su colectivo el 90 % aún no ha recuperado sus ahorros.

Detalles del desfalco y detenciones

La investigación fiscal sostiene que dentro de COSAVI operó una estructura que facilitó el desvío millonario de fondos mediante decisiones administrativas y movimientos financieros irregulares. Se calcula que el monto defraudado supera los $35 millones.

Uno de los principales implicados, el exgerente general Manuel Alberto Coto Barrientos, fue detenido en Honduras en septiembre de 2024 y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera El Amatillo. Durante su traslado hacia San Salvador para enfrentar cargos penales, el helicóptero en el que viajaba se estrelló en el cantón San Eduardo, Pasaquina, La Unión, causando la muerte de todos los ocupantes, entre ellos el exdirector de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas.

Impacto social y demanda de justicia

El caso COSAVI ha generado un profundo impacto social en El Salvador, afectando a cientos de familias que depositaron sus ahorros en la cooperativa. La falta de avances judiciales y la ausencia de atención estatal han aumentado la incertidumbre y el malestar entre los afectados.

Las víctimas continúan exigiendo a las autoridades salvadoreñas mayor transparencia y celeridad en el proceso, así como el restablecimiento efectivo de sus fondos. La solicitud de apoyo a la Embajada de Estados Unidos refleja además la búsqueda de respaldo internacional para presionar por soluciones y garantizar el acceso a la justicia.

Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial y las instituciones de control financiero en El Salvador para proteger a los ahorrantes y sancionar con eficacia los delitos económicos.

Conclusión

El desfalco en COSAVI y la lenta respuesta institucional han dejado a numerosos afectados sin sus ahorros, incluso con la pérdida de vidas. A casi dos años del suceso, la exigencia de justicia y restitución de fondos permanece vigente, mientras las investigaciones judiciales avanzan con lentitud bajo reserva. El llamado de las víctimas a la comunidad internacional busca generar mayor presión para que las autoridades salvadoreñas actúen con prontitud y efectividad.